San José (Redacción). Pese a que el país suscribió un préstamo por ¢15.600 millones para hacer obras educativas en comunidades indígenas, la Contraloría General de la República asegura que solo se ha ejecutado el 45% de los fondos.
Ahora el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene que correr porque el plazo de la ejecución de esos recursos vence en el último día de este año, aunque también puede solicitar una prórroga.
Ese crédito se hizo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en procura de reducir brechas relacionadas con la calidad educativa, sobretodo en comunidades indígenas.
La inversión está a cargo del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (Promece).
Al 30 de abril anterior, de las 87 obras previstas para invertir este dinero, solo se habían hecho 37, otras 16 están en proceso y 34 más no han empezado.
Otro hallazgo de la Contraloría es que la compra de equipo tecnológico y mobiliario para esos centros educativos apenas está en proceso, lo que evidencia un retraso.
Según el informe, esto se debe a demoras en los procesos de contratación, problemas en la estructura funcional de Promece y las dificultades de acceso que hay en zonas indígenas.
También hay debilidades en el proceso de planificación y en el manejo administrativo de documentos.
Por su parte, Leonardo Garnier, ministro de Educación, dijo que coinciden con la opinión de la Contraloría.
“Es un préstamo cuyo diseño es muy complejo y hubo atrasos iniciales para tratar de ajustar realmente el diseño del crédito a algo que fuera factible de ejecutar en comunidades indígenas”, afirmó Garnier.
El ministro dijo que solicitarán la prórroga y que espera que todas las obras estén concluidas el otro año.
Este informe sale a la luz un día después de que Garnier concluyó una gira por diversas comunidades de Talamanca, donde inauguró nuevas obras y visitó centros educativos que están en malas condiciones.