La Contraloría General de la República archivó el refrendo que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) solicitó para la compra de una propiedad en San Josecito de Alajuelita.
El terreno para bien social se adquirió el 16 de enero, pese a que informes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) señalaban que parte de la propiedad no era apta para construir.
El 21 de marzo, el INVU le pidió a la Contraloría una prórroga de 15 días hábiles para reunir información adicional que había pedido el órgano contralor.
Sin embargo, en el oficio 2700 del 22 de marzo, la Contraloría le informó al INVU de que la prórroga se denegaba y, por ende, se procedería a archivar la gestión.
Para optar por el refrendo, la institución deberá gestionar nuevamente la solicitud con los documentos necesarios.
A la presidenta ejecutiva del INVU, Eugenia Vargas, se le enviaron consultas escritas sobre el tema el pasado jueves en la mañana. Sin embargo, el viernes indicó que no quería dar declaraciones, sino hasta la próxima semana.
La finca adquirida mide 43.557 metros cuadrados y está al lado de un precario.
Informe de la CNE. En un informe elaborado por la CNE en marzo del 2008, el geólogo Juan Ignacio Chaves advirtió que un sector de la finca no se podía usar para la construcción de viviendas, debido a la cercanía de un talud de la quebrada Chinchilla.
Asimismo, alertó sobre la posibilidad de que el peso de estructuras “podría provocar más desprendimientos de material”.
Sin embargo, Vargas defendió la compra de la finca y aseguró que las partes afectadas se aprovecharían para zonas verdes y senderos, que se estabilizarían sin aumentar significativamente los costos.