La audiencia pública para debatir la aplicación de una tarifa por descarga para Internet móvil y programada para el martes 1°. de julio, fue suspendida ayer por mandato de la Sala Constitucional.
La controversial propuesta de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) consiste en habilitar una nueva metodología: que los clientes pospago paguen la misma tarifa de ¢0,0075 por kilobyte, por descarga, que hoy pagan los usuarios prepago. A este monto se le agrega el impuesto de ventas, por lo que el cobro final es de ¢0,0085.
El plazo para que los ciudadanos se manifestaran sobre la iniciativa –tanto a favor, como en contra– habría caducado el próximo martes, con la audiencia pública. A partir de ese momento, la Sutel habría tenido un mes para definir la tarifa.
Pero, la consulta no se realizará ese día pues ayer los magistrados de la Sala IV ordenaron su cancelación como medida cautelar tras acoger un recurso de amparo presentado el pasado 24 de junio por el diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana.
El legislador alega que la Sutel irrespetó el principio de derecho de defensa del usuario.
“El documento que hizo la Sutel es omiso, no tiene suficiente documentación, la información es inentendible para los usuarios”, dijo.
Para Redondo, la Sutel violentaría derechos fundamentales, como la participación democrática y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso a la información y los derechos públicos en línea.
¿Qué pasará ahora? Se entra en un compás de espera, ya que la Sala no tiene plazo para dictar sentencia.
Además de la gestión de Redondo, se tramitan otros dos recursos de amparo contra el plan de la Superintendencia, presentados el 12 y el 24 de junio.
Ante la noticia de la suspensión de la audiencia, Eduardo Castellón, vocero de la Sutel, se limitó a informar que la entidad “respeta la decisión” de los magistrados.
Carolina Sánchez, portavoz de la operadora Claro, expresó que la firma continuará defendiendo el derecho de los consumidores a elegir y espera que pronto haya más opciones en beneficio del mercado.
El vocero de Movistar, Matías Señorán, dijo que son respetuosos del ordenamiento jurídico.
“Creemos oportuno que las autoridades consideren el dar el paso establecido por la Ley General de Telecomunicaciones, de declarar 'mercado en competencia' y así poder ofrecer más y mejores opciones de oferta y conectividad”, agregó.
Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, celebró la decisión de la Sala IV pues defiende que el país más bien debe avanzar hacia el acceso libre y gratuito a Internet.