Las tarifas que fijó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en los últimos 14 meses podrían ser ilegales.
Un informe de la auditoría interna de la Aresep advierte que esas tarifas fueron definidas por un comité de regulación, que asumió potestades de imperio que solo le competen al Regulador General.
Esas potestades de imperio se refieren a la fijación de tarifas, sanciones o refrendos que afectan a los regulados como: transportistas, generadores eléctricos y expendedores de combustible.
Este comité –integrado por tres funcionarios de la Autoridad Reguladora– empezó a ejercer desde el 8 de mayo del 2010, cuando no se había designado al sustituto del anterior regulador, Fernando Herrero.
La junta directiva de aquel entonces se basó en el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Aresep para conformar al comité regulador, que siguió ejerciendo aún cuando el nuevo regulador, Dennis Meléndez, asumió el cargo desde junio del 2010.
El auditor interno advirtió a principios de este mes que ese órgano regulador asumió “competencias tarifarias, sancionadoras y de referendo de contratos”, que solo pueden ser delegadas por una ley de la República.
“En efecto, si se le asigna a un órgano interno potestades de imperio vía reglamento autónomo de organización, en realidad se crea un órgano externo obviando la reserva legal que establece la Constitución Política”, agrega el documento firmado por el auditor, Luis Fernando Sequeira Solís.
El auditor también recomienda que se determine “la validez legal” de todas las tarifas aprobadas por ese comité en los últimos 14 meses.
Consulta externa. Ante las dudas sobre la legalidad de este comité, el regulador Meléndez contrató en junio los servicios del abogado constitucionalista Rubén Hernández, para mejor resolver.
Hernández, cuyo informe costó ¢2 millones, dictaminó a principios de julio “que no es posible constitucional y legalmente que a través de la junta directiva se le otorguen potestades de imperio a órganos internos”.
La posición del abogado se extiende a las tres superintendencias que creó la Aresep para fijar las tarifas de agua, energía y transportes. No obstante, hasta la fecha dichas unidades no han asumido responsabilidades.
Meléndez compareció ayer ante la Comisión de Ingreso y Control de Gasto Público, donde los diputados también le cuestionaron la legalidad del comité regulador.
Lo acompañaron los miembros de la junta directiva, Emilio Arias, María Luisa Echandi, Édgar Gutiérrez y Silvia Saborío.
Al salir del interrogatorio, Meléndez dijo a La Nación que el pronunciamiento de Hernández no es vinculante y que “solo la Sala IV” podría determinar si el comité es inconstitucional o no.
Aún así, reconoció que para evitarle daños mayores a la Autoridad Reguladora, en pocos días anulará los nombramientos de ese comité regulador.
Wálter Céspedes, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, le advirtió al Regulador que lo remitirá a la Procuraduría de la Ética, pues lo cuestiona por desconocimiento del cargo e incumplimiento de deberes.
Meléndez aceptó que hace dos meses le presentó su renuncia a la Presidenta, pero ella la rechazó.