La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Contraloría General de la República (CGR), investigarán la forma cómo se ejecutó el proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior, en Alajuela, debido a que se reporta una pérdida de $64 millones (unos ¢35.000 millones), sin haber sido inaugurado.
Ambos estudios pretenden determinar si hubo negligencia o alguna irregularidad en el manejo de los recursos y, además, sentar las responsabilidades.
Además de la pérdida millonaria, también estará bajo estudio el costo de la obra, pues el valor actual es 3,5 veces superior a los $93 millones que se estimaron en 2008 cuando se inició el proyecto.
En este momento, la compañía eléctrica estima que la construcción de la represa, por parte del consorcio brasileño OAS-Engevix y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ascendería los $333,4 millones.
La administración de la CNFL le encomendó la labor investigadora a una comisión especial que acordó instaurar la semana pasada, así lo confirmó la noche del martes su gerente general, Víctor Solís, durante su comparecencia ante la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
"Queremos que haga una revisión de todo lo actuado en el proyecto, los actos que ahí se han desarrollado y las eventuales responsabilidades que podrían haber por el incumplimiento de procedimientos técnicos, administrativos y demás", expresó Solís.
Mientras que la investigación que realizará la Contraloría, es a solicitud de esa comisión legislativa.
La propuesta la planteó el diputado del Frente Amplio Jorge Arguedas y fue acogida por unanimidad.
"Pienso que este caso le toca a la CGR para garantizarnos que hay independencia de criterio. Las comisiones institucionales normalmente están conformadas por políticos y favorecen a los gobiernos de turno", afirmó Arguedas.
Los legisladores de ese órgano del Congreso abrieron las indagaciones debido a las pérdidas millonarias que ha tenido ese proyecto hidroeléctrico y la forma cómo estas han incidido en el "serio desequilibrio financiero" de la CNFL, que cerró el 2014 con un déficit en sus finanzas de $12,8 millones (¢7.000 millones).
Además del gerente, Víctor Solís, el martes también fueron convocados el auditor de la Compañía, Rudy Valverde; el exauditor, Freddy Ocampo; el exgerente general, Pablo Cob, y la contralora general, Marta Acosta.
Desde febrero pasado, la Contraloría fue la primera en cuestionar la solvencia de la empresa eléctrica para realizar inversiones por su alta deuda y falta de recursos.
El déficit en la CNFL ocasionó que esta empresa tuviera que firmar un acuerdo con su patrono, el ICE, para posponer el pago de una factura por ¢19.000 millones de la compra de energía realizada desde noviembre pasado.
"Llevamos un mes de atraso en la facturación por el desface que tenemos para salir con los compromisos. Estamos teniendo menos ingresos de los gastos en que incurrimos", añadió Víctor Solís.
Su antecesor, Pablo Cob, aseguró por su parte, que el ICE es el responsable de que el proyecto de Balsa Inferior cueste 3,5 veces más de lo presupuestado inicialmente, pues fue el Instituto el que solicitó cambios en el diseño que encarecieron la obra, como la construcción del camino de acceso y una ampliación en los túneles de conducción, la tubería de presión y el embalse.