Los empresarios turísticos que ofrecen el Canopy entre sus actividades de aventura, acordaron una serie de medidas legales para enfrentar el cobro que pretende efectuar el dueño de la patente de esa actividad y sus posibles acciones en contra de ellos.
Una de ellas será pedir que se aclare sobre la vigencia de dicha patente que le fue otorgada al canadiense Darren Hreniuk en 1998 y la cual según una resolución de la Sala de Casación vencía en octubre del 2010, pero que estuvo suspendida durante años debido a una serie de procesos judiciales.
En dicha resolución emitida el mes pasado se le ratificó al canadiense la autoría de la invención de dicha actividad.
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La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Isabel Vargas, aseguró que tras una segunda reunión con empresarios y asesores jurídicos, definieron una serie de medidas judiciales y registrales, con las que buscarán frenar el cobro de un derecho de $10 (por turista nacional) y $15 (por cada extranjero) que pretende el canadiense.
Vargas reiteró el llamado a los empresarios a que no acudan a donde Hreniuk para aceptar ningún cobro.
"Tenemos el ordenamiento jurídico, la legislación nos da la oportunidad de presentar estas acciones, hasta que esto se resuelva, no existe una orden judicial que diga a los empresarios que tienen que pagar la suma que él dice", enfatizó Vargas.
La representante del sector turismo aseguró que aunque exista una sentencia de Casación, esto no quiere decir que el canadiense tiene la posibilidad de cobrar por la explotación de la actividad.
"Para poderlo cobrar tiene que acudir donde un juez y demandar uno por uno el pago de ese derecho entonces ya en un tribunal, cada empresario tendrá el derecho de defenderse, pero él no puede llegar a cerrar Canopy ni con la policía", añadió Vargas.
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Por su parte Jorge Mario Marín, abogado del canadiense calificó el llamado de Canatur como "lamentable".
"Recordamos una vez más, que tras una resolución de Casación como esta no hay marcha atrás. Se trata de una sentencia en firme, inapelable y cualquier gestión en este sentido sería una clara violación al principio de la seguridad jurídica en materia de propiedad intelectual. No nos extrañaría que lo que busquen estos operadores sea ganar tiempo hasta que se venza la patente y no tener que cancelar sus obligaciones con el inventor", aseguró el abogado mediante un comunicado de prensa.
De acuerdo con Marín la intención del extranjero es llegar a acuerdos que permitan que los operadores puedan seguir trabajando normalmente y buscar acciones que permitan modernizar esta actividad en el país.
Asimismo aseguraron que pedirán a las entidades del Gobierno y las municiaplidades que otorgan permisos de funcionamiento para que exijan a los empresarios que tienen canopy que muestren un documento emitido por el dueño de la patente donde se les autoriza para su funcionamiento.
"Del plazo original de 15 días hábiles que habíamos dado la semana anterior, aún queda poco más de la mitad. Ya varios operadores y empresarios de Canopy se han acercado a nosotros y esperamos llegar a acuerdos que los beneficien a todos, ya que nuestra intención en ningún momento es cerrar negocios ni perjudicar a la industria, sino aportar para el crecimiento del sector turístico", concluyó el abogado.