El Banco de Costa Rica (BCR) retomó el cobro de los créditos que otorgó para financiar la compra de condominios en Moravia, San José, los cuales fueron clausurados por el Ministerio de Salud en el 2010.
Se trata del proyecto urbanístico Fuente de Vida, desalojado luego de que Salud encontrara graves deficiencias que lo hacían “peligroso e insalubre”.
A finales de enero, la entidad financiera envió un comunicado a 17 deudores, informándoles de que veía imposible “seguir postergando las acciones que la ley le obliga emprender como acreedor insatisfecho y totalmente ajeno a las causas que motivaron el conflicto”.
El BCR mandó la notificación tras un año de tener congelado el cobro e incluyó una alternativa de “refinanciamiento” para cubrir los costos de mora.
“Se ha dispuesto iniciar el cobro por cuanto es un deber de la institución. No existe ni en vía judicial ni administrativa ninguna situación jurídica que justifique mantener por más tiempo la suspensión de cobro de estas operaciones”, dijo Eduardo Ramírez, director de la División Jurídica del BCR.
Alejandra Araya, abogada penalista que representa a las familias afectadas, calificó el cobro de “abusivo” pues cuestiona que el Banco realmente sea ajeno al conflicto, debido a que la entidad ayudó a promocionarlo.
La abogada también puso en duda la calidad de los avalúos realizados por el BCR previo al otorgamiento de los créditos.
“¿Cómo es posible que el Banco haya hecho un avalúo en positivo y de ese valor cuando existían fallas estructurales tan notorias y básicas?”, manifestó Araya.
“Lejos de apoyar o investigar qué es lo que paso y por qué los mismos funcionarios que tramitaron los préstamos los aprobaron, nos hacen actos de cobro. Me parece una locura”, aseveró.
A esto se suman cuestionamientos por el vínculo entre la Fundación Construyamos Internacional, que realizó el proyecto, y el BCR.
Esto se debe a que el presidente de la fundación, Dónald Murillo Pizarro, es hermano de un alto funcionario del BCR. Murillo Pizarro fue gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda hasta el 2006, cuando fue destituido.
Verónica Vega, una de las afectadas, calificó ayer la notificación como “ un insulto”.
“Ellos tienen completa claridad sobre el proceso judicial que se está dando y ellos mismos supuestamente habían postergado el cobro. Ahora sabemos que los intereses y la morosidad seguían acumulándose, por eso aparezco morosa ante la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) y no puedo ni sacar una licuadora con crédito”, se quejó Vega.
Acciones legales. Para frenar el cobro, las familias que financiaron sus condominios con el BCR interpusieron un recurso de amparo. No obstante, la Sala Constitucional les indicó que el caso debía resolverse en la vía administrativa.
Ahora están en proceso de solicitarle al Tribunal Contencioso Administrativo que ordene la suspensión del cobro.
La abogada Adriana Zamora, quien los representa en el proceso civil, explicó que la querella y reclamo económico están listos. Únicamente esperan que la Fiscalía presente la acusación.
“Este no es un simple incumplimiento contractual, sino que consiste en daños estructurales tan significativos que incluso ponían en riesgo la vida de las personas que ahí vivían”, dijo Zamora.
El Ministerio Público indicó, por medio de su oficina de prensa, que aún falta realizar una diligencia para terminar la investigación por el delito de estafa.