El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) paralizó la entrega de bonos en las comunidades indígenas al alegar que no existe normativa, luego de que un criterio de la Sala Constitucional anuló el reglamento vigente.
El 1.° de setiembre de este año, la Sala Constitucional anuló la directriz Requisitos para la Postulación del Bono Familiar de Vivienda dentro del Programa Indígena Casos Individuales y Proyectos Colectivos, avalada en setiembre del 2013 por la Junta Directiva del Banco. Lo decisión del tribunal se tomó al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano de apellido Morales.
Él recurrente alegó que la normativa del Banhvi para otorgar bonos en las comunidades autóctonas fue una medida "inconsulta a los pueblos indígenas, integracionista y discriminatoria de los derechos individuales de los miembros de las comunidades indígenas".
Por este motivo, la Sala ordenó al Banhvi y al Ministerio de Vivienda realizar esa consulta y retrotraer el trámite de los bonos de vivienda a las condiciones que existían antes de la emisión de la directriz.
Ante este panorama, el gerente general del Banco, Luis Montoya, explicó que el Banco quedó, temporalmente, sin un marco legal para aprobar los bonos a esta población.
"Ante la resolución de la Sala de forma transitoria no se podrán aprobar nuevos expedientes, pero todos los casos que ya están aprobados en el Banhvi y los que están en construcción seguirán el trámite normal", aseguró.
En un principio, el Banco había tomado la decisión de ni siquiera recibir las solicitudes o expedientes para tramitar nuevos casos, pero luego echó marcha atrás. Ahora los recibirá, pero no podrá aprobarlos.
Dudas
Debido a las decisiones del Banco tras la resolución de la Sala, el magistrado Fernando Cruz aclaró, el 18 de setiembre, que nunca se ordenó paralizar de "ningún modo" la posibilidad de dotar de vivienda a los pobladores de territorios indígenas.
Según el Banhvi, en efecto, la Sala no indica que no se pueden aprobar bonos, pero, al eliminar la normativa, alega que no cuenta con un reglamento para el análisis y aprobación de estos beneficios.
"La normativa que la Sala Constitucional anuló será la misma que se someta a consulta. Fue aprobada por el Banhvi el 23 de setiembre de 2013 y con ella se simplificaron al máximo los requisitos del bono para estas familias, la cuales solo tienen que presentar una constancia de la Asociación de Desarrollo Indígena de que viven en el territorio, un croquis con la ubicación del lote donde residen dentro de la comunidad y declaración jurada de sus ingresos. Ellos no deben presentar certificaciones de instituciones públicas o de contadores, como si ocurre en otros casos de trámite del bono de vivienda", explicó Montoya.
Ahora, el Banco va a pedir a la Sala que aclare bajo qué normativa la institución podrá aprobar nuevos bonos de vivienda en las comunidades indígenas. Mientras eso se resuelve, no se aprobarán nuevas ayudas.
Desde 1995 a la fecha, el Banco ha repartido 7.700 bonos de vivienda entre los 24 territorios indígenas. Se han invertido, en esos años, ¢45.147 millones.
Orlando Barrantes, del Foro Nacional de Vivienda, dijo que la disposición del Banhvi de no ortogar nuevos bonos "violenta groseramente los derechos y beneficios propios de las familias en lo relativo a vivienda".
"Denunciamos lo actuado por el Banhvi como un abuso de poder, una extralimitación en sus facultades y un acto de racismo puro y simple", dijo Barrantes.
El Foro de Vivienda solicitó una reunión al presidente Luis Guillermo Solís para pedirle que deje sin efecto la disposición del Banco.
LEA: Fallo de Sala IV retrasa más proceso de consulta indígena
La consulta sobre la normativa para bonos de vivienda en comunidades indígenas se da al tiempo que en el país se define un mecanismo de consulta para pueblos indígenas, sobre el cual el Gobierno trabaja desde hace año y medio.
Sin embargo, justamente, una orden de la Sala Constitucional, del pasado 8 de setiembre, retrasará aún más el proceso. Los magistrados le ordenaron al Gobierno repetir tres reuniones en la comunidad de Alto Chirripó, en Turrialba, para informar y pedir opinión a sus residentes sobre el proceso de construcción del mecanismo de consulta para pueblos nativos.