Bananeros advierten pago si falla contrato de muelle

Si Juzgado decide que convenio es ilegal, país indemnizará con $240 millones a firma

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La Cámara de Bananeros advirtió ayer que de anularse el contrato de concesión para un nuevo muelle de contenedores en Moín, el Estado tendrá que pagar una indemnización de $240 millones a la firma holandesa APM Terminals.

Con este argumento, la Cámara solicitó al Juzgado Contencioso Administrativo imponer como medida cautelar, que la firma del contrato de adjudicación del puerto en favor de la gigante holandesa quede en suspenso.

La medida se aplicaría mientras se resuelve la demanda que ellos mismos entablaron contra el Estado y APM Terminals ante esos tribunales, con el argumento de que el proceso de concesión está viciado de nulidad.

Entre otros aspectos, señalan que el cartel y el concurso se llevaron a cabo sin estudios de viabilidad financiera y ambiental.

La organización se opone a la resolución del Consejo Nacional de Concesiones que adjudicó en marzo la construcción de un puerto de casi $1.000 millones para manejar la carga en contenedores del país

Si luego del proceso judicial se determina que esa adjudicación es nula y el Estado ya firmó el contrato, la indemnización para APM Terminals sería “millonaria”, alegó Rándall Quirós Bustamante, abogado de los bananeros.

En la otra acera, el ministro de Transportes, Francisco Jiménez, en representación del CNC, expresó que la medida cautelar no procede, porque todo el proceso de concesión se respaldó en el plan maestro portuario.

Ese plan maestro, redactado por una firma holandesa especializada –Royal Haskoning–, recomendó concesionar una nueva terminal de contenedores en Moín, pues los viejos puertos del Caribe no serán capaces de soportar la carga anual en el futuro.

Jiménez agregó que solicitar esa medida cautelar es “suponer” que efectivamente el proceso estuvo viciado de nulidad y ese no es un hecho probado.

En la misma línea, la abogada de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Jill Salmon, manifestó que la medida cautelar provocaría pérdidas al erario por cada día de atraso en el proceso de concesión.

Para hoy está previsto que el juez contencioso Daniel Aguilar resuelva si acoge o no la medida cautelar solicitada por la Cámara de Bananeros.