¿Ya han realizado las correcciones en el RNC que señaló la Contraloría?
Hay un equipo de personas en eso. El informe hay que estudiarlo responsablemente, pero sí tenemos discrepancias en algunos temas de contabilidad y financieros.
En el tema financiero, el año pasado hubo un superávit de ¢6.000 millones, pero no se utilizó para más pensiones.
Eso no es tan así porque el monto no es un superávit, sino que era para pagar las pensiones de enero.
”Además, al autorizar una pensión no se hace solo para un año, sino para siempre, y eso hay que tomarlo en cuenta”.
Pero también hay señalamientos de filtraciones, beneficiados que no cumplen los requisitos.
Ese es un problema de interpretación y análisis. Hay que ver si los 19.000 que indica la Contraloría aparecen por arriba de los ingresos de línea de pobreza si es que ya tienen la pensión, porque entonces si les quitamos la pensión volverían a estar por debajo de la línea de pobreza.
”Pero, a pesar de eso, hay un grupo de funcionarios que también está analizando si los datos son ciertos o no”.
¿Y en cuánto a los más de 36.000 adultos mayores que sí están debajo de la línea de pobreza y no tienen el subsidio?
Nosotros nos regimos por una meta de gobierno. Si ya el país tiene una meta diferente, hay que revisarla.
”La exclusión tiene que verse por país; nosotros (la CCSS) damos las pensiones que autoriza el Gobierno”.
¿Qué se hará con la base de datos, que propicia errores?
Todo eso lo estamos viendo, pero hay que recordar que los sistemas informáticos son manejados por seres humanos.
”Es claro que tenemos que actualizar el software por una responsabilidad de la Gerencia de Pensiones, pero aclaro que la aplicación que se usa para el Régimen No Contributivo no tiene que ver con la que se usa para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
”Digamos que el sistema del RNC es llevado por una contabilidad menos sofisticada”.