Autopistas del Sol –concesionaria de la vía a Caldera– volvió ayer a juicio para enfrentar un reclamo de ¢1.000 millones por supuesto daño a la propiedad privada.
La causa se sigue en el Tribunal Contencioso-Administrativo, donde el empresario Martín Irías demandó a la concesionaria por aparentes afectaciones a una finca suya ubicada en Balsa de Atenas.
El proceso ante los jueces había arrancado en noviembre del año pasado, pero se suspendió para darle oportunidad a los demandados para responder por una supuesta afectación adicional en un acuífero de la zona.
Además de Autopistas del Sol, aparecen como codemandados la constructora San José - Caldera y el Consejo Nacional de Concesiones.
Ayer se reactivó el juicio, pero el empresario desistió de reclamar daños ambientales y se circunscribió a la afectación material.
Según explicó Gerardo Vargas, abogado de Irías, prefirieron dejar de lado el tema ambiental para que el proceso judicial no se atrasara todavía más.
En noviembre pasado, el afectado José Martín Irías Hernández alegó que durante la construcción de la carretera, hubo un derrumbe que afectó su propiedad en el cerro Pan de Azúcar de Atenas, entre los kilómetros 33 y 34 de la vía.
La finca está a nombre de la constructora Guter Martini, S. A.
Vargas detalló en ese momento que la carretera está a más de 100 metros de la propiedad, pero que “la corona del derrumbe” está a 12 y 20 metros, respectivamente, de las dos casas afectadas.
Rechazan prueba. Ayer, los abogados de Autopistas del Sol, encabezados por Luis Sibaja, aprovecharon el momento procesal para objetar la prueba pericial aportada por la parte demandante.
No obstante, los jueces Rosa Cortés, Cinthya Abarca y Roberto Garita desestimaron el reclamo, pero si aclararon que no se trata de prueba pericial, sino documental.
Se refieren los jueces, entre otros, a una declaración del ingeniero Enrique Molina, aportada en la Asamblea Legislativa durante el periodo en que se investigó la concesión San José- Caldera.
El ingeniero falleció a finales del mes pasado, por lo que la parte demandante tuvo que recurrir a otro ingeniero como testigo.
Gerardo Vargas, confirmó anoche que el proceso se volvió a suspender, para que los abogados de la parte demandante puedan responder a la nueva prueba aportada.
Se prevé que la nueva convocatoria a juicio se efectuará durante la primera quincena de mayo para evacuar prueba documental, testimonial y peritos.