La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos rechazó una solicitud de aumento de más del 80% en tres rutas de buses de San Isidro del General y Golfito.
La información fue divulgada por la Defensoría de los Habitantes, organismo participó en las audiencias públicas en las que se discutieron estas solicitudes.
Según la entidad, la resolución se dio luego de que la Aresep acogiera los cuestionamientos de la Defensoría. Entre ellos, que las empresas transportistas aportaban sus propios números sobre la demanda del servicio, en los que alegan baja ocupación, así como otros datos confusos y reportes deficientes.
Para la Defensoría, debe existir participación de la Autoridad Reguladora o el Consejo de Transporte Público para que validen los datos sobre demanda de los servicios.
En uno de los casos, el empresario a cargo de la ruta Golfito-Urbano (zona civil y residencial) pretendía pasar de ¢485 a ¢905, es decir 86% más. La segunda ruta, a cargo de la empresa Solís y Mata, era de San Isidro de El General a el Águila, y en este caso la solicitud pretendía elevar la tarifa de ¢315 a ¢575.
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Además, la empresa Transportes Blancos había pedido un aumento de 93% en las tarifas para la ruta de San Isidro de El General a El Roble, con lo cual el pasaje habría subido de ¢255 a ¢495.
"Siendo la demanda del servicio una variable muy importante dentro del modelo de cálculo utilizado por la Aresep para fijar las tarifas, considera la Defensoría que debe existir una contraparte tal como la Autoridad Reguladora, el Consejo de Transporte Público (CTP) u otro ente que valide ese parámetro, y por lo tanto no debería hacerse ningún ajuste tarifario hasta que la demanda sea verificada y actualizada", indicó la Defensoría mediante un comunicado.
La Aresep resolvió que se debe solicitar al CTP la realización de un estudio de demanda y carreras actualizado de las rutas, así como la revisión del esquema operativo de las mismas y el nivel de ocupación a fin de garantizar a los usuarios un nivel aceptable en la prestación del servicio.
Con respecto a los estados financieros, la Defensoría argumentó, entre otras cosas, que la estructura tarifaria actual permite cubrir los costos de operación de dichas rutas, razón por la cual no se justifica el aumento.