La autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) encontró anomalías de calidad y cantidad en 62 estaciones de servicio tras una serie de inspecciones. Esto representa un 18% de las 346 gasolineras que operan en todo el terrotorio nacional.
Alajuela es la provincia en donde más gasolineras presentaron irregularidades, con un total de 19. Esto representan un 27% del total de las estaciones que funcionan en esa provincia. Le sigue Cartago, en donde se registraron siete con problemas, lo cual representa el 24% de sus estaciones. En Puntarenas, el 20% de las estaciones (11 en total) reportaron al menos una anomalía y en San José, el 17,5% de las gasolineras tuvieron incumplimientos (18 de 103 que operan).
Las únicas provincias que presentaron menos problemas fueron Guanacaste con dos y Limón con uno.
Las 62 estaciones mostraron 85 anomalías, de las cuales 40 fueron en la cantidad del combustible dispensado y el 45 con respecto a la calidad (color diferente al establecido, octanaje inferior, presencia de agua y/o sedimentos).
José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, dijo que los gasolineros tiene poco que hacer porque el combustible viene directamente de la Refinería Costarricense de Petróleo(Recope).
"Hemos estado tratado el tema con la Aresep para determinar cuál es la situación que se ha presentado. Debe investigarse el tema del transporte, desde Recope hasta las gasolineras, ya que creemos que es ahí donde se contamina debido a que en los contenedores no se transporta un solo tipo de combustible".
Agregó que en Alajuela se ha presentado la mayor cantidad de anomalías ya que el plantel de La Garita reporta que han estado recibiendo combustible que no cumple con la norma. "A veces, a simple vista se puede detectar, pero a veces requiere análisis de laboratorios que no se pueden realizar en los planteles", explicó Masís.
La Aresep informó que las anomalías en las gasolineras van en aumento, pues en 2011 se reportaron 25 anomalías; en 2012, 47; y en 2013, 85. Prácticamente se ha detectado una duplicación anual de incumplimientos.
La institución ya inició el trámite de los respectivos procesos administrativos sancionatorios, los cuales podrían resultar en multas que van entre ¢1.8 millones y ¢7.2 millones o, dependiendo de la gravedad de la falta, la pérdida del permiso o concesión para prestar el servicio.