La Aresep les cobra a los usuarios de los servicios públicos más recursos de los requeridos para su adecuado funcionamiento.
Lo confirma el superávit de ¢9.338 millones acumulados hasta ahora, pese a que la entidad debería de funcionar con base en el principio de servicio al costo.
El monto proviene del canon que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) cobra a las empresas sometidas a su supervisión.
Con base en ese importe se elabora el presupuesto de la Aresep.
A su vez, el canon se financia con las tarifas como transporte público, electricidad y combustibles que pagan los usuarios.
Estos recursos están destinados a cubrir salarios, papelería, alquileres, consultorías y proyectos relacionados con la regulación.
Sin embargo, la entidad ha subutilizado esos dineros, los cobra pero no los gasta debido a la poca capacidad para ejecutar sus propios proyectos y planes.
En promedio, en los últimos tres años la Aresep recibió un 33% más de lo que ha requerido.
Estas anomalías están consignadas en un informe de la Auditoría Interna de la entidad puesto en conocimiento del regulador general, Dennis Meléndez, el 21 de noviembre del 2011.
El documento lo divulgó María Lourdes Echandi, quien este martes presentó la renuncia a su cargo en la Junta Directiva. Igual criterio exteriorizó Emilio Arias, que oficializó su dimisión el viernes anterior.
Echandi justificó su retiro debido a diferencias principalmente con el regulador general sobre la gestión de la entidad. Se refirió a “graves problemas estructurales del modelo de regulación de los servicios públicos” que ella no tiene “posibilidad de corregir”.
Ayer, desde las 10:30 a. m, se intentó conversar con Meléndez sobre la salida de los directivos y los hechos denunciados, pero el jerarca no estuvo disponible.
Carolina Mora, vocera de prensa, manifestó que el regulador devolvería la llamada en horas de la tarde tras finalizar la sesión de la Junta Directiva, pero no lo hizo.
Junto a las cartas de renuncia, Echandi y Arias presentaron un resumen de los temas en los cuales han tenido desacuerdo con Meléndez y otros directivos de la Aresep.
Entre ellos citaron la creación de nuevas plazas, cánones, consultorías, salarios, el alquiler del edificio en el complejo Multipark y el arrendamiento del inmueble de Aresep en La Sabana, San José.
¿Sin devolución? De acuerdo con la Auditoría Interna, los dineros que la Aresep recauda cada año por canon y que no los gasta en ese mismo período, debe devolverlos al servicio que corresponda.
Puede hacerlo mediante una rebaja en los próximos proyectos de cánones o destinándolos a planes de desarrollo específicos y en beneficio directo de cada servicio, según ha exigido la Contraloría General.
No obstante, la Aresep ha hecho caso omiso o ha aplicado devoluciones mínimas, por lo cual los recursos se acumulan año con año.
Al 31 diciembre del 2010, el superávit sumaba ¢7.023 millones. Ese saldo se programó para financiar proyectos del período 2011- 2012.
No obstante, al 30 de setiembre del año anterior no se había ejecutado ni un 50% de ese monto.
Justamente, el año pasado la Aresep aplicó un incremento del 106% en el canon de transporte público para este 2012.
Los autobuseros deberán pagar ¢2.305 millones. Es decir, ¢507.150 por cada vehículo. Ante la presión de los empresarios y amenazas de paro, la Aresep accedió a cobrarles el tributo en cuatro partes.
El informe de la Auditoría advierte sobre las consecuencias administrativas y hasta legales que podría enfrentar el regulador general de no hacer un manejo adecuado de estos recursos.
Por ejemplo, debe identificar a qué servicio y empresa corresponden los aportes, el plan que justifique la existencia de ese fondo y definir su futuro uso.
Lo anterior, puesto que, según la Contraloría, “no es razonable ni legal que una entidad que labora bajo el principio al costo cobre cánones a los usuarios de los servicios públicos, de los cuales no tiene seguridad razonable sobre su posible ejecución”, advirtió el estudio de la Auditoría.