El alcalde de Limón, Nestor Mattis, y la jefa de Proveeduría de esa municipalidad deberán regresar recursos a las arcas del Ayuntamiento producto de adjudicaciones de contratos que se realizaron de manera irregular. Además, ambos funcionarios, lo mismo que otros empleados del gobierno local, enfrentarán suspensiones sin goce de salario de hasta 30 días.
Las sanciones fueron establecidas por la Contraloría General de la República (CGR), según la resolución emitida el pasado 1.° de abril, en relación al procedimiento CGR-PA-2019004744 en el que se detallan las inconsistencias que habrían cometido los funcionarios.
Mattis está obligado a devolver de manera solidaria ¢16,8 millones, mientras que la proveedora, de apellido Mena, ¢73,3 millones.
Consultado al respecto, el jerarca municipal dijo a La Nación que no tenía nada sobre qué referirse pues “en la resolución está todo”. Añadió que aún está analizando con su abogado si apelarían la misma.
En total, la Contraloría analizó ocho licitaciones en las que se hallaron prácticas contrarias al ordenamiento jurídico. En siete de ellas, se determinó que la proveedora, de apellido Mena, es responsable en grado de culpa grave y en tres también se atribuyó la responsabilidad al alcalde, que ha estado al frente de ese municipio desde el 2010.
Asimismo, el ente contralor concluyó que las empresas que resultaron beneficiadas con los contratos, deben participar solidariamente en el reintegro de los dineros que corresponden al 10% del total adjudicado en cada obra.
Aceras, asfalto y hasta fotocopias
Entre las contrataciones se encuentra la vinculada con la reconstrucción de las aceras del casco central de la ciudad, que recayó sobre la empresa Bloques Pedregal, por un monto de ¢99 millones.
En ese caso, la CGR determinó que dicha contratación fue adjudicada por Mena, quien no era competente para emitir ese acto y además que no contó con el refrendo interno. La ley establece que es el Concejo Municipal y no la proveedora la que realiza las adjudicaciones. Además, todas las licitaciones que superen los ¢19,7 millones deben contar con el respectivo refrendo.
Posteriormente, la proveedora volvió a incurrir en la conducta, al adjudicar por ¢84,7 millones la compra de materiales ferreteros para un puente en Santa Rosa de Limón y el proyecto de alcantarillado sanitario. Tampoco hubo refrendo.
Además, sobre ese mismo contrato, el alcalde solicitó a la funcionaria la extensión por el 50% de la contratación original con varias órdenes de compra con lo que se amplió el monto en ¢32 millones.
Igualmente se cuestionó el procedimiento para comprar 7.500 toneladas de mezcla asfáltica que fue adjudicada por otra exfuncionaria de apellido Reynolds, quien tampoco era la persona competente para realizar ese acto. Dicho contrató se adjudicó por ¢270 millones a la empresa MECO y ¢96 millones a H Solís.
Mattis también es cuestionado por adjudicar él mismo, un servicio de consultoría por el cual el municipio pagó ¢4,2 millones, para que una empresa de tecnología indicara si existía daño en un sistema operativo donde se realizan transacciones, como pago de patentes o impuestos.
Además de realizar un acto contrario a sus funciones, el órgano decisor concluyó que se utilizó un procedimiento de excepción de “situaciones imprevisibles”, sin que existiera afectación o amenaza a la continuidad de los servicios públicos esenciales.
También llamó la atención de la Contraloría, una contratación directa para servicios de fotocopiado, empastado y emplasticado, que fue autorizada por una funcionaria que trabajaba como gestora de egresos.
Además de la no competencia de la empleada municipal para autorizar esa compra, la CGR cuestionó que la contratación directa se fundamentara en la excepción de oferente único como justificación para utilizar esa figura.
“En ninguno de los documentos que suscriben esos funcionarios se motiva la razones de hecho o de derecho para afirmar que se cumplía con los requisitos de esa excepción a los procedimientos ordinarios de contratación, máxime si se analiza el tipo de servicio solicitado que era “fotocopiado”.
Según la Contraloría, el reglamento a la ley de contratación establece que este procedimiento sólo es aplicable en aquellos bienes o servicios en los que se acredite que solamente una persona o empresa está en condiciones de suministrarlos, lo cual según concluye ese órgano: “resulta incluso inverosímil que aconteciera dicha situación en la provincia de Limón, como para recurrir a la aplicación de la excepción, sin la justificación y acreditación necesaria que así lo permitiera”.
Asimismo figura en el expediente, que el municipio pagó ¢296 millones por el suministro e instalación de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal. A pesar del monto, la contratación se tramitó como una licitación abreviada, cuando lo que procedía era una licitación pública, pues para el 2017, el límite superior de la licitación abreviada era de menos de ¢191,1 millones Esa contratación también fue adjudicada por una funcionaria de la Proveeduría sin que le correspondiera a ella realizar dicho acto.
Las sanciones
En la resolución, la Contraloría resolvió declarar civil y solidariamente en “grado de culpa grave” tanto a Mattis como a Mena, así como otros empleados municipales.
La responsabilidad civil de Mena se determinó en ¢73,3 millones, mientras que Mattis debe participar de manera solidaria en el pago de ¢16,8 millones. Tanto ellos, como el resto de responsables, tienen un plazo de 10 días a partir de la resolución para depositar el dinero en las cuentas bancarias de la Municipalidad.
Mattis enfrentará una suspensión sin goce de sueldo por 20 días y la proveedora estará fuera de sus funciones por 30 días.
Esta no es la primera vez que el alcalde limonense enfrenta castigos por irregularidades relacionadas con la contratación de obras. En el 2018, recibió una suspensión de 30 días y la orden de pagar ¢15 millones como responsabilidad civil por una serie de errores que se identificaron en el proceso de contratación para reconstruir el mercado central de Limón.
Además, ese mismo año la Fiscalía allanó la casa de Mattis y la sede municipal como parte de una pesquisa por supuestas anomalías en los contratos para la construcción de las aceras y del mercado.
En contra del funcionario se abrieron dos causas por los posibles delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, malversación, falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados y pago irregular de contratos administrativos.
Posteriormente, en mayo del 2020 se le aplicó una nueva suspensión, esta vez por 20 días, a causa de las anomalías en la liquidación de gastos de un viaje a China .
Estas sanciones se conocen cuando otros seis alcaldes están bajo investigación por supuesta corrupción con contratos de obras viales. Todos están suspendidos en cumplimiento de una medida cautelar.
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Colaboró el periodista Carlos Arguedas