La Sala III confirmó una sentencia por difamación emitida contra el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, lo que le obligará a cumplir una pena de 30 días multa a razón de ¢38.333 diarios.
Solidariamente con el alcalde, la Municipalidad de San Carlos fue condenada a pagar ¢15 millones por daño moral al ofendido: el exdiputado socialcristiano Húbert Rojas (del período 1978-1982).
Asimismo, la sentencia contra Córdoba le exige desembolsar ¢4 millones para sufragar los gastos en honorarios de los abogados que participaron en el juicio.
El jefe municipal había sido demandado por el exlegislador Rojas, luego de que este se consideró ofendido por unas declaraciones difundidas por el alcalde liberacionista en una radio de Ciudad Quesada.
Las manifestaciones que provocaron el juicio estuvieron relacionadas con un proyecto para construir un complejo deportivo en la comunidad de Florencia, San Carlos, que involucraba a la Asociación Deportiva San Carlos y a la sociedad San Carlos Mí Linda Tierra, el cual se financiaría con la venta de acciones.
El pasado 19 de enero, la Sala III confirmó la sentencia dictada en principio por el Tribunal Penal de San Carlos el 18 de febrero del 2010, la cual determinó que Córdoba incurrió en difamación. El alcalde había apelado ese primer fallo ante los magistrados en San José.
Por su propia cuenta. Aunque dijo no haber recibido todavía el pronunciamiento de la Sala III, el alcalde aseguró ayer que sus actos siempre tuvieron como objetivo defender al pueblo.
Córdoba añadió que pagará la sentencia con recursos propios porque, en su criterio, no es justo que la Municipalidad de San Carlos deba responder por un acto que hizo a título personal.
En las elecciones del pasado 5 de diciembre, este alcalde fue reelecto para dirigir el Gobierno local de San Carlos durante el periodo 2011-2016. Córdoba participó en los comicios como candidato del Partido Liberación Nacional (PLN).
Al razonar la primera sentencia, el Tribunal Penal de San Carlos dijo que Córdoba no logró demostrar la verdad en las expresiones que propaló contra el exdiputado. El fallo también deberá ser publicado en un periódico nacional.