La Gerencia de Pensiones de la CCSS ha acumulado, desde el año 2005, un total de 6.902 apelaciones presentadas por personas de escasos recursos, luego de que dicha oficina les rechazara una solicitud de pensión.
La mayor parte de los folios permanecían olvidados en un rincón del sótano del edificio de Pensiones, en barrio Luján, San José. Otro lote de archivos se encontraba en ‘La Casona’, una antigua casa ubicada cerca de ese edificio.
Del total de las apelaciones engavetadas, el 49% (3.406) son de personas que tenían más de 65 años de edad al momento de solicitar los beneficios.
Una cifra similar (3.369 casos) corresponde a gente con algún tipo de invalidez , aunque también hay casos de personas en indigencia.
En cada trámite, los solicitantes aspiraban a una pensión del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dicho sistema de jubilación, que se caracteriza por dar pensión a personas que nunca cotizaron para el Seguro Social, otorga un monto máximo mensual de ¢70.125 por persona.
El RNC también cede una pensión mensual de ¢198.000 a familias con un integrante con Parálisis Cerebral Profunda (PCP).
Uno de los casos que conoció La Nación es el de una adulta mayor a quien le rechazaron la pensión pese a que depende de solo un hijo.
La presa con expedientes del RNC es parte de los hallazgos que hizo la gerente interina de Pensiones, Dinorah Garro, quien desde diciembre pasado interviene esa oficina por orden de la junta directiva de la CCSS.
Ella llegó a esa dependencia tras la suspensión por cuatro meses del gerente, Miguel Pacheco Ramírez.
Resolución rápida. Garro atribuyó la presa de apelaciones pendientes “a la organización que se tiene” en la Gerencia de Pensiones.
Según dijo, el “cuello de botella” se encontraba en la Comisión Nacional de Apelaciones, pues sesionaba unas horas cada semana.
Como primera medida para solucionar el tema, la interventora solicitó que todos los expedientes pasaran del sótano al quinto piso del edificio de Pensiones.
Allí, ya se instalaron escritorios y computadores para un grupo de 20 abogados y trabajadores sociales, quienes están en proceso de organizar los expedientes pues no están en versión digital.
Garro mencionó que ese personal está asignado a tiempo completo a la revisión caso por caso.
Entre los hallazgos hechos hasta el momento, la Gerencia comentó que si se llegara a aprobar al menos la mitad de las apelaciones pendientes, la CCSS deberá desembolsar ¢3.200 millones más por año en jubilaciones del RNC.
“Si en el caso hipotético que se aprobara la totalidad de los casos, el pago anual sería de ¢5.500 millones”, explicó la gerente.
La revelación de Garro sobre el “cuello de botella” que sufre la Gerencia de Pensiones contrasta con la información que en su momento suministró Miguel Ramírez cuando lideraba la gerencia.
Ramírez es investigado por crear, entre los años 2008 y 2010, un total de 217 plazas con el propósito de reforzar la oficina, según dijo a finales del año pasado.
Otra publicación de este diario reveló que esos puestos le cuestan ¢3.000 millones anuales a la Caja.
Denuncia. El tema de las pensiones del Régimen No Contributivo ya es de conocimiento de la Defensoría de los Habitantes.
La defensora Ofelia Tailtelbaum indicó que su oficina ha recibido 245 quejas por los atrasos. Dijo, además, que en diciembre pidió un estudio sobre el RCN.