La contaminación del agua con agroquímicos, el levantamiento de piñales en pleno humedal, la invasión de las nacientes y la tala de bosques son de los más críticos delitos ambientales que llevaron a la intervención de 51 piñeras.
Las 51 firmas tienen expediente abierto en el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y algunas suman hasta diez años tratando de librarse, sin éxito, de las medidas cautelares que les impusieron por dañar la naturaleza.
Solo dos de los casos se abrieron este año; 49 rinden cuentas desde hace más de nueve meses y viven un proceso de inspecciones, cuya constancia depende de la eficiencia del aparato estatal.
Otras razones por las que se intervino a estas compañías agrícolas –ya comprobados o aún bajo sospecha– son arrastre de sedimentos, erosión, vertido de aguas residuales y cambio de uso del suelo en bosques y humedales.
A algunas de estas piñeras se les culpa de invadir áreas de protección de nacientes; otras construyeron sus obras en plenos cauces, carecen de viabilidad ambiental, efectuaron movimientos de tierra indebidos o hicieron un mal manejo de residuos.
El Tribunal tiene prohibido revelar el nombre de las piñeras, pues aún están bajo investigación. Sin embargo, detalló que la mayor cantidad, 22, se ubican en la provincia de Limón; 20 están en Alajuela, seis en Heredia y tres en Puntarenas.
En esta controversia también forma parte la Sala Constitucional, la cual ha tramitado, desde el 2008, nueve recursos contra piñeras por la supuesta contaminación del agua con agroquímicos y destrucción de los bosques y humedales.
Cuatro casos fueron declarados con lugar y otros dos de manera parcial, lo que obligó a las empresas a ponerse en regla.
¿Cuántas piñeras operan aquí? Se consultó a las instituciones relacionadas con el sector, mas alegaron ignorar el dato.
Según la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), hay “unos 800 productores de tamaño diverso” distribuidos en 45.000 hectáreas de cultivo, y capaces de proveer unos 25.200 empleos directos.
La región Huetar Norte concentra el 51% de cultivos de piña.
Paso a paso. Antes de la apertura de un expediente, el Tribunal –máximo órgano administrativo en Ambiente– inspecciona el área de plantación. La sola sospecha de daños al suelo, agua o bosque motiva una intervención inmediata.
Dependiendo de qué fue lo que halló in situ , el TAA exige a otras entidades que se unan, investiguen y aporten las pruebas. Aquí entran, por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El expediente solo se cerrará una vez que se compruebe que no hubo daños; si se detectaron, la piñera debió solventar, mitigar y cubrir los costos por pérdidas.
La compañía Agrovicces, en Los Chiles de Alajuela, está siendo investigada por el Tribunal desde mayo del 2012. En esa finca están sembradas 150 hectáreas, de 475.
“Hemos tenido más de 20 visitas del TAA y al final nunca hace nada, no sirve. Esto se llama persecución. Aquí ya hice lo que tenía que hacer: reforesté, reciclamos, me alejé de la supuesta naciente... ”, dijo Juan Chavarría, gerente de la empresa.
Según su criterio, el pequeño productor es el mayor contaminante, y “solo por su culpa se ataca tanto al sector”. Su compañía, aseguró, ya obtuvo dos certificaciones de buenas prácticas y está por aplicar para la carbono neutralidad.
Mejoraron. El TAA entró de lleno a vigilar la actividad piñera en el 2007. Según José Lino Chaves, director de ese órgano, durante los tres años siguientes se topó con daños “inimaginables”.
Admitió que las piñeras han ido demostrando mejorías en gestión, aunque no descarta que algo de eso se deba al “ boom piñero” que dejó al Tribunal sin la capacidad humana para inspeccionarlas como debería: minuciosa y constantemente.
Independientemente de los motivos, al optimismo se sumó Édgar Gutiérrez, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
“Creo que han aprendido la lección por la línea dura; estar enfrentados a las comunidades no es cosa fácil, aunque también es cierto que un grupo de empresas sigue en dirección contraria”, dijo Gutiérrez.
Luis Umaña, director de Canapep (que agrupa al 87% del área de producción) admitió que aunque la alta demanda de años atrás llevó a prácticas agrícolas deficientes, la realidad ahora es muy distinta.
“El sector ha sabido subsanar satisfactoriamente algunos yerros del pasado (...) Prueba de ello es que una docena de certificaciones, de variada naturaleza garantizan una fruta de insuperable apariencia y calidad”, declaró Umaña.
Durante el 2013, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) elaboró un estudio sobre residuos de plaguicidas en piña y reveló, el martes pasado, que la fruta es de “confianza” por cumplir con los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos para su consumo.
Ahora, el Minae, junto con otras entidades, está en proceso de oficializar el proyecto Plataforma Nacional para la Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica (2014-2017), una especie de diálogo con el que se generaría una estrategia de producción conjunta.