Cuatro de cada 10 patronos inspeccionados por el Ministerio de Trabajo no les pagan el salario mínimo a sus empleados.
En el último mes, la Dirección Nacional de Inspección realizó 1.948 visitas en todo el país y detectó que el 38% de las empresas privadas (740), no cumplieron con el derecho de los trabajadores a un ingreso mínimo.
En un escueto comunicado de prensa, el Ministerio de Trabajo sostiene que la mayoría de los incumplimientos se registran en el Pacífico central (81%) y la Región Central (87%).
Además, en el comercio y la industria es donde más se incurre en este incumplimiento. No fue posible ayer localizar a representantes de estos sectores.
Estas inspecciones se enmarcan en la Campaña Nacional de Salarios Mínimos, que impulsa la ministra del ramo, Sandra Piszk.
En agosto pasado la funcionaria reconoció que esta campaña podría generar desempleo, pues obligaría a pequeñas empresas a cerrar puertas o a recortar personal. Sin embargo, sostuvo que “es un riesgo que se debe tomar”.
Durante la primera visita de inspección, los funcionarios le hacen una prevención al patrono y le recuerdan que el artículo 177 del Código de Trabajo establece el derecho de los obreros a devengar un salario mínimo.
Durante los próximos días, los inspectores volverán a los centros de trabajo que están en irregularidad para constatar si se corrigió la falta.
Si no se corrige, lo que procede es la aplicación de una multa económica que fija el Ministerio según cada caso.
Aunado a las inspecciones, el Gobierno habilitó desde agosto la línea de consultas 800-TRABAJO (800-872-2256), donde ya tramitaron 3.921 consultas sobre salarios mínimos. De ese total, el 7% (260 llamadas) correspondió a denuncias por incumplimiento en el pago de esa remuneración.
Anoche se intentó conocer el criterio de Sandra Piszk, pero su teléfono celular se reportaba constantemente ocupado.
Datos anteriores del Ministerio de Trabajo estiman que en el país hay 309.000 asalariados (el 29% de quienes perciben ingresos de un patrono), que no obtienen el salario mínimo legal que establece cada categoría laboral.
Denuncia sindical. Édgar Morales, secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sostuvo ayer que este problema no es nuevo.
“Desde hace años lo hemos denunciado, pero ya es tan crítica la situación que al gobierno de Laura Chinchilla no les quedó más que actuar”, dijo.
Según Morales, las organizaciones laborales también promueven la denuncia con puestos de información que instalan en parques y calles.
“Esperaríamos que se pongan las multas y que los empresarios entiendan que para que haya productividad, el trabajador tiene que estar bien. Es muy lamentable que sigan pensando que exprimiendo al trabajador tienen más ganancia”, concluyó.