Un total de 152.732 familias ocupan casas en mal estado o con problemas de hacinamiento, según el más reciente informe sobre el sector vivienda, elaborado por el programa de posgrado de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, la Fundación Gestionando Hábitat y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
El documento precisa que hay 136.850 casas en mal estado y 15.882 familias hacinadas. Otras 11.400 carecen del todo de una vivienda digna en el país.
El déficit habitacional total, que reúne esas variables, presentó una disminución de 0,7% respecto al 2021, sin embargo, lo que sí creció fue la totalidad de casas que se encuentran dentro de la condición “regular” y que requieren mejoras. Esa categoría pasó de 701.507 el año trasanterior a 760.170 en 2022.
Franklin Solano Castro, coordinador de investigación del informe, aclaró, sin embargo, que la estabilidad en el déficit cualitativo se da por la manera en que se mide, pues no toma en cuenta las casas en estado regular si no prensentan hacinamiento.
Justamente, sobre esa condición de hacinamiento, advirtió la necesidad de hacer ajustes.
“En el país una vivienda tiene hacinamiento cuando hay más de tres personas por dormitorio, o sea, según ese cálculo, en una casa con tres dormitorios donde hay seis personas no hay hacinamiento. Creemos que ese dato hay que ajustarlo y poner más cuidado en la forma de medir, porque eso nos invisibiliza el problema del parque habitacional que se va deteriorando”, señaló Solano.
El documento también da cuenta de un aumento de 3,2% en la cantidad de viviendas construidas, como parte de una tendencia que se ha mantenido en los últimos 10 años.
Durante el periodo del 2012 al 2022, la cantidad de hogares en Costa Rica aumentó en 372.666, lo que significó un incremento de 27,40% y un promedio de 33.879 nuevos hogares por año.
Sin embargo, la construcción de viviendas durante el año 2022 se concentró en aquellas con áreas menores a los 70 metros cuadrados.
A esas estadísticas se añade además, que según datos del CFIA, para el 2022 se estima que un 23% de las obras se construyeron sin los permisos municipales necesarios, de las cuales un 83% corresponden a obras para uso residencial.
Ante los resultados, la ministra de Vivienda, Wendy Molina, reconoció que los principales retos del sector se centran en el deterioro del parque habitacional, el aumento de la construcción irregular y un incremento en las desigualdades territoriales.
Menos bonos
Uno de los impactos más importantes percibidos en el sector durante el último año, fue la reducción en la cantidad de bonos familiares de vivienda otorgados.
En el 2022 se benefició con esa ayuda a 8.369 familias, es decir 3.059 menos que los entregados durante el 2021. Además se registra una variación en el tipo de núcleos que recibieron esa ayuda.
Mientras que en el 2018, el 95% del total de bonos entregados se dirigió a los estratos 1 y 2, que corresponden a familias con ingresos iguales a uno y dos salarios mínimos de un trabajador no especializado en construcción; para el 2022, los bonos para estratos 1 y 2 representaron un 83,5%.
“El Bono Familiar de Vivienda (BFV) tiene efectos multiplicadores significativos al estimular viviendas, empleos y crecimiento económico. Un mayor aporte del subsidio tiene impactos positivos en la economía, mientras que recortes presupuestarios a los BFV pueden tener consecuencias negativas, según el análisis presentado”, concluye el informe en ese apartado.
Como publicó La Nación en junio pasado, los datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) evidencian que la cantidad de bonos del 2022 fue la más baja desde 1999.
Banhvi no debe desaparecer
Sobre la necesidad de reestructuración del sector, el documento concluye que el proyecto de Iey para la creación del Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda que propone la fusión del actual Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIvah), Instituto Nacional de vivienda y Urbanismo (INVU) y Banhvi, no es adecuado por tratarse de la fusión de tres instituciones de naturaleza jurídica distinta.
Asimismo, señala problemas de roce constitucional que se valoran, los vacíos en la determinación de los aspectos relacionados con el bono de vivienda (subsidio) y la gestión financiera, así como las dudas que genera la operación y eficiencia de un superministerio.
“El Banco Hipotecario de la Vivienda no debe liquidarse, más bien, debe fortalecerse, mejorando la estructura, la estrategia, los procesos y procedimientos, generar nuevos instrumentos financieros que mejoren la disponibilidad de recursos e inversión, y analizar la viabilidad de recuperar al menos parcialmente los recursos del bono de vivienda”, cita el análisis.
Además, señala que los subsistemas ordenamiento territorial, planificación urbana y vivienda, deben estar coordinados y articulados eficientemente, por lo que sí ve como apropiada una fusión entre el Mivah y el INVU.
La ministra Molina, por su parte, insistió en la necesidad de ajustar las estructuras institucionales y políticas que atienden la problemática de vivienda, aunque no se refirió específicamente a la fusión anunciada por la Administración desde el inicio de gobierno.