El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, zanjó en una frase el debate que ocupa a los diputados sobre el registro de accionistas de las empresas en manos del Estado.
"El Estado debe tener en sus manos la información sobre los accionistas de las empresas y para dónde van los dividendos. En una democracia como esta es muy difícil de entender cómo, quién y por qué se pueden oponer a que el Estado tenga esa información", dijo el más alto miembro de la cúpula de la OCDE.
Gurría dio esta declaración ante un puñado de diputados, en el Salón de Expresidentes de la República, en el Congreso, a raíz de las consultas de los legisladores sobre el debate que tiene varado el proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
"N o entiendo cómo un tema como estos sea motivo de debate público. En todo el mundo hace un montón de tiempo ya hay registros de quiénes son los accionistas", machacó Gurría, quien lleva al frente de la secretaría general de la OCDE su tercer periodo al hilo.
El mexicano se preguntó por qué habría que mantener en oscuridad quiénes son los dueños de las empresas, pues "eso no pasa ya en ningún país moderno del mundo y menos en una democracia como esta".
Gurría ya había hecho una presentación de 30 minutos en el plenario de la Asamblea Legislativa sobre la hoja de ruta y los requisitos que debe cumplir Costa Rica antes de entrar en la OCDE, proceso que implica la evaluación de los 22 comités que integran la organización.
Actualmente, la ley contra el fraude fiscal está varado en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, porque las dudas de la presidenta de ese foro, la socialcristiana Rosibel Ramos, el libertario Otto Guevara, y liberacionistas Rolando González, Paulina Ramírez y Olivier Jiménez, quienes no están convencidos de que se deba crear un registro centralizado de accionistas en manos del Estado.
Las opciones.
Gurría descartó que sea una opción mantener en manos de las empresas la información sobre los accionistas y beneficiarios de las sociedades anónimas.
"Las autoridades tienen que saber quénes son los dueños y para eso solo hay dos maneras: vía registro o las declaraciones de impuestos de cada persona. Lo que no es posible es que se mantenga la información en las empresas y que estas digan que venga un inspector a revisar los libros, cuando en este país tienen 400.000 empresas de las cuales 350.000 son inactivas", apuntó Gurría.
El secretario de la OCDE añadió que tener el control sobre todas esas sociedades, exigiría un ejército de miles de auditores para ir a revisar los libros de las empresas.
El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, se mostró visiblemente satisfecho y apuntó que actualmente Costa Rica tiene un retraso importante en materia de fiscalización y combate a la corrupción.
También destacó que los empresarios con los que se reunió hoy le plantearon el problema del manejo de la confidencialidad por parte del Estado, a lo que él respondió que ya el país tiene leyes para asegurar el castigo al mal uso de los datos de las empresas.
El secretario de la OCDE apuntó que, si se quiere, se puede desterrar el término registro del debate, pues apuntó que en realidad se trata de bases de datos que incluso permiten conocer quién violentó los sistemas, a través de la firma digital.
Una lección.
El diputado Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que Gurría dejaba bastante claro que el registro no es ningún tema tabú y que se trata de un arma contra la evasión.
Para el liberacionista Rolando González, la intervención del secretario de la OCDE es una “lección de sentido común” que se puede resolver a la tica, con una salida intermedia.
Gurría dijo que el mal uso de las sociedades y la negativa al acceso a la información sobre los accionistas de una sociedad anónima son una posible fuente de corrupción y de lavado de dinero.
"Tenemos que exigir al Gobierno la confidencialidad, que ya está en las leyes costarricenses", enfatizó.
En la cita estuvieron González y Ramírez, pero no la socialcristiana Ramos ni el libertario Guevara, los principales opositores del avance de la ley contra el fraude.