Varablanca. El terremoto de Cinchona es hoy un lejano recuerdo para la mayoría de los ticos. Para los vecinos de San Rafael, el sismo mantiene grietas sangrantes.
Aquí hay familias viviendo apiñadas en improvisadas casitas de madera, donde el frío, la lluvia y la humedad se cuelan por las rendijas de las paredes y por los huecos de los techos.
“Vivimos en una casa donada por un Techo para mi País (organización no gubernamental). Es un cuarto nada más para dormir y guardar la ropa. Ahí no se puede lavar, cocinar ni hacer necesidades”, contó Juliana Padilla, quien comparte el reducido espacio con sus hijos Guadalupe (2 años) y Gustavo (7), y su esposo, Mario Morales. Las casas eran temporales, para un año, pero llevan más de cuatro.
En este pueblo de espesa bruma y verdes pastizales tampoco se ha levantado la nueva escuela.
Los niños reciben clases apretujados en un salón propiedad de la Iglesia católica que las maestras han convertido en tres aulas.
Además, necesitan un puente. Unos 22 días después del terremoto, bajó una espesa correntada con piedras, lodo y troncos. Arrasó el viaducto sobre el río San Rafael y cortó el acceso a La Legua.
La construcción de la nueva estructura tampoco pasa del papel. Mientras tanto, los vecinos de La Legua, incluidos dos escolares y dos colegiales, se ven obligados a sortear las crecidas del río.
El terremoto, de 6,2 grados –del 8 de enero de 2009–, dejó un saldo de 23 muertos, siete desaparecidos y pérdidas materiales calculadas en ¢280.000 millones.
Para ayudar a los afectados, se hicieron donativos por ¢2.800 millones en diversas colectas.
Urgencia. Las carencias de San Rafael están contenidas en un informe del Comité Regional de Emergencias de Heredia, emitido el 30 de julio por la geóloga Hazel González. Este alerta de que, en tiempo récord (6 meses), se debe buscar una respuesta a esos problemas: en enero vence el decreto de emergencia.
“No se pueden dejar de lado las condiciones deplorables en las que se encuentran estas familias. Viven en ‘casas’ instaladas de emergencia por la ONG Un Techo para mi País, las cuales se han convertido en precarios para la zona...”, cita el informe de González.
El reporte indica que 24 familias esperan una solución de vivienda. De estas, ocho tienen opción de recibir un bono, pero carecen de un lote apto para construir. Otras 16 están en problemas, pues tienen terreno apto, pero no califican porque tienen otras propiedades.
Alegan que las tierras son para agricultura o las vacas y si las venden, no tendrían de qué vivir. Además, se cuestionan para qué sirve la declaratoria de emergencia si les dan un trato como cualquier otro ciudadano que pide un bono.
La Comisión Nacional de Emergencia (CNE), por medio de la oficina de prensa, dijo que el Ministerio de Vivienda aplicó un plan para la reubicación y solución de las familias, usando los mecanismos de selección y escogencia del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
Juan de Dios Rojas, gerente general de esa entidad, explicó que la declaratoria de emergencia no flexibiliza los requisitos para optar por un bono, pero sí les da prioridad a los casos. Según dijo, hace 15 días se acordó hacer un análisis, caso por caso, para buscarles solución.
Entre tanto, el alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, afirmó que aunque al Ayuntamiento no le corresponde el asunto, está buscando una solución para las familias con ayuda del Banhvi. Recordó que en Varablanca se construye el proyecto Renacer, para 38 afectados.
Respecto a otros casos, indicó que, o no hay fincas apropiadas para construir, o los terrenos los venden muy caros.