Normativa actual
La Ley de Bienestar Animal obliga a los dueños de mascotas peligrosas a mantenerlas en condiciones en las cuales no presenten un riesgo (artículo 17), según explicó el jefe de la dirección de asesoría jurídica del Senasa, Antonio Vanderluch. Si esto se incumple, la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal faculta a la institución a aplicar medidas sanitarias que incluyen, entre sus posibilidades, el decomiso, retención y sacrificio de animales.
Más que un dispositivo de protección, la nueva estructura que Luzmilda Marchena y Édgar Sibaja erigen frente a su casa es un intento desesperado por salvar a Max, el zaguate blanquinegro que vive con ellos desde los 15 días de nacido.
Aunque Max no lo sepa, su vida pende de un hilo. Hoy, las autoridades del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) darán a conocer si lo sacrifican o no, tras morder a un niño de 10 años.
Para Édgar, Luzmilda y sus hijos, David Cortés (de 25 años) y José Pablo Reyes (de 11), Max es otro miembro de la familia, uno que cuida y acompaña.
Tanto lo quieren que, a tres meses de Navidad, comprometieron sus aguinaldos con un préstamo para construir un portón frente a la casa, en Dos Cercas de Desamparados. Ese portón serviría para que el perro no salga a la calle.
La inversión responde a una orden sanitaria que el Ministerio de Salud emitió previo a la valoración del Senasa. “El perro nunca sale de la propiedad, solo para caminar dos veces a la semana. Ahora nos comprometeríamos a sacarlo solo con bozal”, aseguró Cortés.
Sin embargo, para los vecinos del frente, Max es un monstruo; aseguran que no tendrán paz en tanto el perro no se vaya de ahí, vivo o muerto.
El 2 de setiembre, Max mordió en el muslo y la pantorrilla a Jefferson, un nieto de la pareja vecina, que tocó la puerta de la casa para intercambiar postales con su amigo, José Pablo, después de clases.
Versiones van y vienen sobre lo acontecido esa noche.
Según los dueños de Max, Jefferson acostumbraba provocar al perro para verlo enojado. El día del ataque, el niño empujó la puerta de los vecinos y Max lo mordió, pero aseguran que el perro lo soltó de inmediato.
Para los papás de Jefferson, Max recibió al niño al abrirse la puerta, lo atacó en el muslo y luego lo agarró de la pantorrilla hasta que José Pablo logró separarlos.
La mordedura envió al niño al hospital, de donde salió con varias puntadas, y lo obligó a faltar a clases dos semanas. “Era la primera vez que iba a desfilar un 15 de setiembre y no pudo participar”, relató su mamá, Jamie Picado.
Más grande que el hueco en la pierna del niño, es el abismo entre las familias: ambas dicen estar afligidas por la situación y la tensión es evidente; incluso, se lanzaron insultos en días pasados.
Los papás de Jefferson denunciaron penalmente a Luzmilda ante el juzgado de Desamparados para presionarla a deshacerse de Max, y acudieron al Senasa.
El 9 de setiembre, funcionarios de esa entidad y del Ministerio de Salud visitaron la casa para poner en cuarentena a Max y girar la orden sanitaria.
Regresaron el 25 de setiembre con un etólogo (experto en comportamiento animal) con el objetivo de analizar al perro y definir si puede reentrenarse o si, de lo contrario, será sometido a la eutanasia. Esa decisión se conocerá hoy.
¿Corregible? A diferencia de un juicio tradicional, Senasa no delibera sobre la culpabilidad de Max y sus dueños, sino sobre las posibilidades de resocializar al animal para evitar que ocurra otro ataque.
El etólogo Alejandro del Valle, explicó que la eutanasia debe ser la última opción y que es indispensable diagnosticar al animal para definir si es posible una intervención efectiva.
Según relató la familia de Max, desde la primera visita del Senasa (previo al diagnóstico) los funcionarios ya habían condenado al perro a muerte, e incluso así lo anunciaron frente a José Pablo.
Luzmilda añadió que el representante de Senasa provocó al animal para filmarlo enojado.
Débora Portilla, de la asociación en pro de los derechos animales Costa Rica Guau , se acercó a esta familia para ofrecerles reentrenar a su mascota y convocó a una manifestación, el 13 de octubre, contra el sacrificio de Max.
“No se trata de minimizar el ataque, pero Max se puede rehabilitar al 200%. También podemos ‘entrenar’ a su familia para darle la atención que necesita. Lo que pasa es que Senasa prefiere tomar el camino corto y este no es el primer caso que conocemos”, declaró Portilla.
Esta versión la contradijo Allan Sánchez, director de la región metropolitana del Senasa, quien lamentó la posición de la familia y la organización, y aseguró que el perro representa un peligro.
Según Sánchez, en la valoración del caso los dueños de Max evidenciaron carecer de control del perro. Asimismo, dijo que el animal es un riesgo latente para otros niños.
“Nos preocupa mucho porque están pidiendo a gritos que salven a Max sin considerar las circunstancias que rodean el caso: Max es un perro de 30 kilos que causó mordeduras múltiples con penetración muscular y desgarro a un niño.
”Imagínese que el niño hubiese tenido 4 años, o que lo hubiera mordido en el cuello. ¿Qué pasa si el día de mañana se escapa? No quiero tener bajo mi responsabilidad una muerte”, enfatizó Sánchez.