Vecinos de Montes de Oca y Curridabat denunciaron dos casos de contaminación del río Ocloro en la última semana. Hace cinco días el río se tornó color rosado y este miércoles tomó un fuerte tono rojizo.
La Dirección Ambiental de la Municipalidad de Curridabat realizó una inspección junto con la Dirección de Aguas este jueves en puntos ubicados en un radio de 50 metros alrededor del cauce del río y recolectó muestras de agua que fueron enviadas a un laboratorio privado para su análisis.
Sin embargo, aún no ha sido posible conocer cuál es la sustancia que corría por el río ni su origen.
Este viernes se realizarán nuevos muestreos. La Municipalidad de Curridabat trabaja también en un protocolo de atención para atender más efectivamente casos como el del río Ocloro, según confirmó Jose Retana, jefe del Protección al Ambiente del ayuntamiento.
Una de las denunciantes de lo que ocurría el miércoles pasado es Priscilla Carrillo, regidora de Montes de Oca por el Partido Unidad Social Cristiana. Ella confirmó que ese día la llamaron varios vecinos de barrio Pinto para denunciar el daño ambiental y por eso acudió a la zona para constatar la situación.
Al llegar a las cercanías del río Ocloro ella no percibió ningún olor fuerte ni encontró animales muertos en el cauce.
El Río Ocloro recorre los distritos josefinos de Catedral y Zapote, San Pedro de Montes de Oca, Granadilla y el distrito central de Curridabat.
En marzo del año pasado, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) admitió haber contaminado con residuos de hidrocarburos el cauce del río Arriaz, que pasa cerca de sus instalaciones en Ochomogo, Cartago.
El derrame lo denunciaron vecinos de la comunidad de Quircot y también lo confirmaron autoridades municipales.
En aquel momento, Roy Vargas Carranza, gerente de Distribución y Ventas de Recope, explicó que se percataron de una “fisura” en una trampa de grasa, mientras realizaban labores de mantenimiento en el plantel.
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Quien arroje sustancias a los ríos como colorantes que dañen a los animales, la pesca, la agricultura o la industria puede sufrir prisión de tres meses a un año o recibir multas de ¢180 a ¢720, según la Ley de Aguas de 1942.