Sindicatos del sector salud, educación y otros servicios públicos amenazan con paralizar funciones en todo el país el próximo lunes 25 de junio, para cuando planean la primera huelga nacional que enfrentará el gobierno de Carlos Alvarado.
Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), que reúne a más de 60 sindicatos, aseguró que la convocatoria se da porque consideran agotadas las posibilidades de diálogo.
Los trabajadores han manifestado en reiteradas ocasiones su oposición al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma tributaria que se discute en el Congreso, impulsado por el Ministerio de Hacienda.
"Solicitamos a don Carlos que abra la mesa para buscar soluciones al déficit fiscal", afirmó Hernández.
Según él, no se les ha dado ese espacio, aunque admitió que han tenido reuniones con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza. En esos encuentros, dijo, no les han presentado ni una propuesta.
Hernández aseguró que al movimiento se sumarán educadores y trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Poder Judicial, municipalidades y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
"Garantizamos que los servicios esenciales trabajaran con normalidad", añadió.
La protesta, además, sería regionalizada, por lo que habrá focos en las cabeceras de provincia de Puntarenas, Limón y Guanacaste.
Además este viernes darán a conocer los detalles sobre la eventual marcha que tendrá lugar en el centro de San José.
Innecesaria
Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la protesta es "inconveniente" y, por el contrario, deberían buscar de una manera solidaria y pronta una solución a la crisis fiscal que impacta al país.
"No procede amenazar con que se entorpecerá el libre tránsito, ni que se paralizarán los servicios básicos por los cuales los costarricenses pagamos y son meses de espera para poder recibirlos. Serán miles de ciudadanos a los que se les coartarán sus derechos", dijo el presidente de UCCAEP, Gonzalo Delgado.
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La última huelga, el 25 de abril, provocó que más de 16.000 personas no lograran trasladarse en el servicio del tren; se perdieron más de 1.500 citas solo en el Hospital México, y a más de 120 asegurados se les suspendieron sus cirugías, por las que habían esperado meses.