El paro que hoy afectó los servicios del Hospital Nacional Psiquiátrico y su anexo para reos con males mentales concluyó sin una solución para los quejosos.
Unos 80 empleados de este centro médico se manifestaron durante seis horas, en protesta por la saturación del recinto para reos con problemas psiquiátricos que ya alberga a 114 pacientes, aunque su capacidad instalada es de 90 personas.
Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguraron que desde hace dos semanas están trabajando en una solución para el Centro Penitenciario Psiquiátrico.
María Eugenia Villalta, gerente médica de la Caja, dijo sentirse sorprendida por la manifestación, debido a que desde hace 15 días se ha reunido con representantes del centro médico. Adelantó que la próxima semana presentará el caso al Consejo Superior de la entidad y que espera reunirse con los manifestantes este viernes, para discutir algunas de las alternativas que proponen.
Ante la saturación del centro psiquiátrico penitenciario, ubicado en La Uruca, dos nuevos presos son atendidos en la unidad de emergencias del Hospital Nacional Psiquiátrico, en Pavas. Esto, a la vez, bloquea el ingreso de nuevos pacientes al hospital.
La seguridad es otra de las preocupaciones de los trabajadores tanto del hospital y de su anexo.
"Es necesario revisar los casos que envían al Centro. Se está convirtiendo en una penitenciaría. He tenido reportes de pacientes fumando en las zonas verdes y tenemos personal que ha recibido amenazas. Ahí hay pacientes que ya deberían de haber salido; aquí puede más la orden de un juez que el criterio del médico", aseveró Anibal González, sub director de enfermería del hospital.
Al respeto, la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, informó de un acercamiento con la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Fernández.
En la protesta de este jueves participaron cerca de 80 funcionarios del Hospital y 20 del Centro penitenciario.
Cita. Entre los puntos que se esperan sean discutidos en la Gerencia Médica está la creación de una unidad programática para el manejo de personas con adicción en fase de desintoxicación, y solicitar al departamento de Psiquiatría Forense del Poder Judicial el apoyo para evaluar en corto plazo a las personas con medidas cautelares.
Además, se pretende que las autoridades del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial asuman a las personas que les levantan las medias de seguridad y no cuentan con un lugar dónde ubicarse.
Lilia Uribe, directora del Hospital Psiquiátrico, comentó que parte del "tapón" que satura al centro son los pacientes cuyos familiares interponen medidas cautelares y no se responsabilizan una vez terminados los plazos.
La CCSS informó de que solicitarán un análisis jurídico sobre los alcances del voto que ordenó la creación del centro para privados de libertad a la institución.