Treinta pacientes que llevan años, incluso décadas, en el Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, en La Unión de Cartago, deberán ser reubicados por orden de la Sala Constitucional, que declaró con lugar un recurso de amparo presentado en favor de los enfermos.
De acuerdo con la resolución 2021024199, del 29 de octubre, a todas estas personas se les ha violentado su derecho a vivir en comunidad al mantenerlas confinadas en un lugar donde no deberían estar. Todas serán trasladadas en los próximos dos meses a la Fundación Munakuy, una solución residencial ubicada en Goicoechea, San José, la cual ha sido instruida para atender adecuadamente a los internos.
Para la reubicación, se dividió a los pacientes en cinco grupos de acuerdo con su condición y necesidades. Los dos primeros, conformados por ocho personas, ya fueron llevados al sitio, y los otros tres grupos deberán ser transferidos antes de la primera semana de enero de 2022.
A la directora del centro médico, Carolina Montoya Brenes, y al director del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), Francisco Azofeifa Murillo, se les ordenó que “ejecuten las acciones y coordinen lo necesario, a fin de que se realicen los egresos de las personas amparadas en las fechas dispuestas”.
Los magistrados recordaron que desde 1997 las autoridades recurridas conocían la necesidad de reubicación de estas personas de internamiento de larga estancia, pero que al día de hoy, 24 años después, aún no se había podido brindar una solución integral a estos pacientes en condición de vulnerabilidad.
Por el contrario, expresaron, se ha partido de un “confinamiento” para este tipo de población, ya que el hospital “se utiliza como un depósito de personas abandonadas; lo anterior, independientemente del tiempo que lleve cada una de las personas amparadas internadas en ese lugar, pues desde un inicio no debieron haber sido llevadas o ubicadas en ese lugar, sino que por el contrario, se les debió haber buscado un lugar donde pudiesen desarrollarse como personas de la sociedad”.
Para los magistrados, aunque la reubicación de las personas tuteladas en una fundación resulta favorable porque podrán iniciar su vida en comunidad y desarrollarse dentro de sus posibilidades, el hecho también evidencia la omisión del Estado de contar con una institución propia, que asuma la responsabilidad social de atender este tipo de personas.
Recurso de amparo
La salida de estos pacientes del Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut es resultado del recurso de amparo presentado por el abogado Dewin Brenes Fernández. La gestión fue planteada el pasado 1.° de setiembre contra los jerarcas del centro médico y del Conapdis, con el fin de agilizar el procedimiento de traslado.
El jurista celebró la resolución de la Sala, pues confirma que a estos individuos se les violentaba su dignidad al estar recluidos en un lugar donde no deberían estar y donde ya cumplieron su proceso médico por el que, en su momento, fueron ingresados.
“Quedó claro que la Caja Costarricense de Seguro Social, el Chacón Paut y el Conapdis incumplieron con su responsabilidad. Me duele pensar que estos ciudadanos en condición vulnerable fueran abandonados por quienes se suponía que debían defenderlos.
“En estos casos uno no quisiera tener la razón porque se trata de derechos de seres humanos. Es lamentable que se esperara tantos años para tomar acción. Lo importante es que la Sala pone un plazo y exige el cumplimiento para que estas personas finalmente puedan estar en el lugar indicado”, dijo Brenes a La Nación.
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Anteriormente la directora del Chacón Paut había reconocido ante este medio que todos estos pacientes ocupan una cama hospitalaria por una condición de salud que ya no amerita un internamiento. “Están estables de su enfermedad mental, entonces no hay criterio para que permanezcan hospitalizadas”, dijo la funcionaria.
De acuerdo con la jerarca, se trata de adultos que tienen una enfermedad mental asociada a una discapacidad, “eso quiere decir que su enfermedad mental les hizo perder habilidades y destrezas”.
Por su parte, el director de Conapdis había argumentado que estos movimientos se han atrasado por falta de recursos, ya que a cada paciente se le deba dar un subsidio mensual de entre ¢250.000 y ¢500.000, para que pueda costear sus necesidades.
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