1967-79
DBCP en bananeras. Las bananeras utilizaron los plaguicidas Nemagón y Fumazone (con DBCP) durante 12 años, antes de que se comprobaran los daños a la salud.
2001
Ley para pagar.En el 2001 se creó la Ley 8.130 para indemnizar a los exbananeros afectados, y se conformó la Unidad Ejecutora Técnica (con INS, CCSS y Trabajo) para tramitar casos.
2010
Sala IV ordena trámite.Tras acoger un recurso de amparo, la Sala IV obligó al INS la realización de pruebas médicas a los extrabajadores, y ordenó pagarles dos meses después de eso.
2014
Bloquean Congreso.La falta de respuesta del Estado para pagar las indemnizaciones movió a varias decenas de afectados a manifestarse en puertas de la Asamblea Legislativa.
2014
Sala IV obliga a resolver. La Sala acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría, y obligó al Estado a reglamentar la Ley 8.130 en un máximo de dos meses.
Aún hoy, unos 30 años después de haberse prohibido el uso del plaguicida Nemagón en el país, se sufren sus efectos tanto en el cuerpo de exbananeros y sus parientes, como en las finanzas del Estado.
Esterilidad, abortos, malformaciones genéticas, cáncer, enfermedades de la piel. Por 12 años –de 1967 a 1979– se roció el Nemagón en las bananeras y ello generó daños irreparables. Desde el 2001, el INS ha recibido 37.500 quejas de exobreros y sus parientes, y pagó ¢14.000 millones para indemnizar a 13.974 de las víctimas directas.
Aunque rechazó 11.577 reclamos, la Oficina Operativa de Afectados por el Nemagón, del Instituto Nacional de Seguros (INS), aún debe indemnizar a 50 exbananeros. Si llegara a comprobar daños, el monto máximo que recibiría cada uno es de ¢1,9 millones.
Este proceso está muy lejos de concluir: el 12 de setiembre, tras acoger un recurso de amparo de la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional ordenó al Estado tramitar las 11.856 quejas de cónyuges y familiares que están en fila a falta de un reglamento que defina qué hacer con ellas.
La ley 8.130 –para indemnizar a los exbananeros– existe desde el 2001, y con ella se dio forma a una unidad técnica que resolvería los casos. Hoy, luego de 13 años de atraso, el Estado tiene dos meses para publicar las reglas que permitirían pagarles a los parientes.
Víctor Morales, ministro de Trabajo, aseguró a este medio que el texto estará listo en octubre.
“Este es un tema de nunca acabar. Siempre hay alguien en fila pero hay que poner límite, no puede ser que estemos eternamente involucrados. Nos apuraremos”, dijo.
Morales reconoció la complejidad del proceso al determinar daños morales, descubrir a los quejosos realmente afectados y definir el dinero “justo” para cada caso.
La Defensoría, indignada, reclamó que, en este caso, el Estado violó la justicia pronta y excedió todo parámetro de razonabilidad.
Extenso. El nematicida Dibromo- Cloro-Propano (DBCP) era el principal componente de los plaguicidas Nemagón y Fumazone, usados también en fincas bananeras de Nicaragua, Honduras, Perú y República Dominicana. Tales productos para combatir las plagas en los cultivos empezaron a aplicarse en Costa Rica en 1967.
Su uso se prohibió 12 años después, luego de que en Estados Unidos se revelara que el DBCP era un potencial cancerígeno, tenía efectos sobre los testículos, era un tóxico genético que causaba rupturas en los cromosomas y, además, era un grave contaminante ambiental.
Desde entonces, se inició el proceso de estudios y arrancó el pulso por indemnizaciones y culpas.
En 1982, dio inicio una lucha legal, en Estados Unidos, de los exobreros contra las productoras del químico Dow y Shell, y las bananeras Standard, Chiquita y Del Monte. Esos procesos todavía no concluyen, según confirmó a La Nación Luis Gómez, representante legal de la compañía Del Monte. Entre tanto y desde el 2001, los pagos por daños están en manos del INS.
La odisea se ha prolongado también a lo interno, pese a dos sentencias de la Sala IV. En setiembre del 2010, al acoger un recurso de amparo de exobreros, esta ordenó al INS realizar pruebas médicas a los quejosos. Una vez efectuadas, la entidad tenía hasta dos meses para pagar.
A pesar de ese mandato, en marzo de este año, varias decenas de afectados bloquearon las puertas del Congreso para exigir indemnizaciones inmediatas y más justas.
La segunda sentencia de la Sala, de este mes, obliga al Estado a tramitar las 11.856 quejas de afectados indirectos. De esto es responsable la Unidad Ejecutora Técnica, integrada por el INS, Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y líderes exbananeros.