Los accidentes de los carros de uso oficial han costado al INS durante este gobierno --de mayo de 1994 a noviembre de 1995-- ¢500 millones en reparaciones e indemnizaciones.
La denuncia la planteó el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Bienvenido Venegas Porras, quien afirmó que esa cifra evidencia un gasto en percances de aproximadamente ¢1 millón por día.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es la entidad que más dinero ha demandado en indemnizaciones en ese período: ¢80 millones. Lo siguen el de Seguridad Pública, con ¢79 millones, y el de Gobernación, con ¢56 millones, según un documento preparado por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el diputado y al cual tuvo acceso La Nación.
El defensor de los Habitantes, Rodrigo Alberto Carazo, dijo ayer que su despacho ha tenido claras pruebas del "impactante" descuido en el control de los carros oficiales y la impunidad que se da con el abuso de ellos.
"Uno de los casos que tengo presente fue el de un chofer de Educación que tuvo un accidente un sábado a las 3 a.m. y se le detectó un intenso estado etílico. Sin embargo, las autoridades del MEP no tomaron ninguna medida", denunció Carazo.
Otro informe de la entidad aseguradora también revela que la deuda acumulada por el Estado con el INS, a octubre de 1995, llegaba a los ¢3.000 millones por cobertura de diferentes tipos de seguro.
De ese monto, un 40 por ciento --es decir, un poco más de ¢1.000 millones-- corresponde al rubro de pólizas de automóviles.
INS no es contralor
El presidente ejecutivo del INS, Jorge Arturo Hernández Castañeda, corroboró el dato de los ¢500 millones pagados por choques de autos estatales. Sin embargo, dijo que a su institución no le corresponde llevar el detalle de horas y personas que conducen un carro en el momento de un accidente.
"Al INS no le es posible indicar si el conductor es funcionario de la empresa asegurada (...) El control de uso de vehículos lo asigna la Ley de Tránsito a las instituciones o ministerios; incluso les asigna la investigación de accidentes y el levantamiento de expedientes", añadió Hernández Castañeda.
Por su parte, el diputado Venegas Porras dijo tener conocimiento de que algunos accidentes se produjeron en "situaciones irregulares o en horas fuera de las jornadas de trabajo y los jerarcas de los ministerios parecen ignorarlo".
Por ello, lamentó la desintegración de la Unidad de Control de Vehículos Oficiales que operaba en la Dirección General de Tránsito del MOPT, la cual fue eliminada el 1º de febrero como parte de la reestructuración de dicha dependencia.
Manuel Camacho Fallas y Mario Salazar Cabezas son dos oficiales que trabajaban para esa entidad. Ambos afirmaron que sus despidos se produjeron por haber denunciado casos de altos funcionarios que usaban los autos oficiales en horas fuera de oficina.
"Tenía 14 años en la Dirección, con un expediente limpio, pero descubrí en un bar a un funcionario de alto rango con un carro del Gobierno y hasta ahí llegué", afirmó Salazar Cabezas.
Al respecto, Douglas Loría Coto, asesor del MOPT, negó que la Unidad haya sido cerrada por tales motivos. Aseguró que legalmente nunca existió dicho organismo y que ahora el control es mayor, porque todos los oficiales de tránsito tienen orden de controlar la circulación de autos oficiales.
Agregó que el MOPT es una de las instituciones públicas con flota de vehículos más grande, compuesta por 700 unidades.
Autos fantasmas
Otra de las denuncias del diputado Venegas Porras indica que dentro de la lista de vehículos asegurados ante el INS por Seguridad Pública, hay dos con placas inscritas a nombre de particulares y otros dos que ni siquiera aparecen en el Registro Nacional.
Gerardo Fernández, encargado de pólizas de Seguridad Pública, manifestó que en el primer caso se trata de autos decomisados a narcotraficantes que están en proceso de inscripción a nombre del Estado. En el segundo caso, son vehículos usados para operativos especiales, por lo que sus placas se variaron para confundir a los antisociales que pudieran seguirles la pista.