Los toreros improvisados que requirieron atención médica en distintos centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras participar en los festejos de Zapote y Pedregal, deben hacer frente a los costos de dichas atenciones.
Durante los 11 días de corridas, 61 improvisados fueron trasladados a los hospitales San Vicente de Paúl en Heredia, al Calderón Guardia y la clínica Carlos Durán.
Gustavo Picado, gerente administrativo de la Caja, explicó que la atención de los improvisados este año en dichos centros médicos representó una facturación por gastos médicos de ¢9,2 millones.
Picado aclaró que este monto corresponde a lo facturado a aquellos pacientes que no son asegurados por la institución y que las facturas se emiten directamente a cada uno de estas personas. Ellos son los que deben presentarse ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) para cobrar lo que les corresponde según la póliza suscrita.
Picado recordó que el reglamento de actividades taurinas exige que, para la realización de estos eventos, el organizador debe aportar entre otros requisitos una póliza contra riesgos de la actividad para tanto los montadores como los toreros improvisados.
La póliza debe garantizar la cobertura total de los gastos por atención médica, sanitaria y rehabilitación, debido a que este tipo de lesiones no constituye un riesgo que deba cubrir el seguro de salud que ofrece la CCSS, en virtud de que no se trata una enfermedad ni un problema de maternidad por lo que la recuperación debe recaer sobre las pólizas.
Sin embargo, enfatizó que las pólizas suscritas, en estos casos, no superan los ¢200.000 para cubrir los gastos médicos.
De hecho, este monto no cubre ni siquiera lo que representa un día de internamiento en un hospital, el cual ronda los ¢500.000, sin tomar en cuenta otras atenciones o cirugías.
"Lo que ha sucedido es que suscriben pólizas que no cubren las lesiones que en algunos casos han sido graves y muy costosas. Hemos insistido que tienen que cumplir la norma, que la póliza debería ser suficiente para que garantice que la Caja recupere la totalidad de los costos", indicó Picado.
Trámite de cobro. El funcionario explicó que el procedimiento seguido para quienes no están asegurados, es el mismo trámite de cobro aadministrativo que se realiza en otro tipo de atenciones, el cual incluye arreglos de pago, pero también puede llegar a la vía judicial en caso de ser necesario.
Según Picado, los toreros atendidos en el Calderón Guardia (que no contaban con seguro de la Caja), representaron gastos por ¢7,6 millones, los que fueron remitidos a la Clínica Carlos Durán dejaron facturas por ¢283.000 y lo que se atendieron en el San Vicente de Paúl por ¢1,1 millones.
De acuerdo con los datos de la institución de las corridas del 2013, el Calderón Guardia y la clínica Carlos Durán atendieron a 47 pacientes. El costo de atenderlos fue de ¢4,3 millones. En el 2012, la cantidad de personas atendidas fue de 39 pacientes y la facturación alcanzó los ¢75,2 millones, debido a que un solo paciente generó un costo de ¢34 millones porque tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva.
Rainier Álvarez, jefe de subdirección de Suscripciones del INS, aseguró que el monto de la póliza lo establece el organizador de cada evento y que a partir de ahí les ofrecen las posibles coberturas por muerte, incapacidad y gastos médicos.
Según dijo, las pólizas las coordinan con el organizador y este le brinda un listado de las personas que participarán en las corridas y a estas son los que aseguran según el monto elegido por cada uno.