San José
La última palabra sobre la validez del decreto para regular la fertilización in vitro (FIV) en Costa Rica la tendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no la Sala Constitucional.
Esta es la conclusión a la que llegaron Boris Molina Acevedo y Hubert May Cantillano, los abogados que representan a las parejas que demandaron al Estado costarricense por prohibir la aplicación de la técnica reproductiva en el 2000.
De acuerdo con los juristas, la decisión de la Corte Interamericana podría revivir el decreto que anuló la Sala Constitucional.
La Nación conversó con los dos juristas sobre el cumplimiento de la sentencia del caso FIV por parte de Costa Rica y estas son algunas de sus reflexiones.
Boris Molina: "La Sala Constitucional está equivocada"
El abogado Boris Molina cree que la Sala Constitucional no debía pronunciarse sobre la validez del decreto que emitió el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para regular la FIV y cumplir con la sentencia que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Molina aseguró que la FIV debería regularse en el país con una ley, pero el decreto es una buena herramienta para empezar.
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"La necesidad de una ley se da solo por las sanciones que se deben establecer para los médicos que practiquen la técnica reproductiva en el país", comentó el jurista.
El defensor afirmó que si la Corte Intermericana decide que el decreto permite cumplir con la sentencia, entonces, esa decisión es superior a la que tomó la Sala Constitucional. Por ende, reviviría ese reglamento ejecutivo.
Tras un largo camino legal de casi 15 años, Molina considera que ya la Corte IDH le ordenó al Estado regular y aplicar la ley.
La Sala Constitucional, según Molina, no tiene ninguna competencia para decidir si el decreto sirve para cumplir con la sentencia.
"Ya la Corte Interamericana habló y dijo que se debe regular la FIV. Hay una sentencia que no se está cumpliendo por parte de Costa Rica y todo se debe a la Sala Constitucional", aseveró el jurista.
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Molina cuestionó con fuerza la "arrogancia" de la Sala Constitucional, una instancia que se opone a la FIV y que además obstruye el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado.
El abogado dijo que "la Sala Constitucional está equivocada y comete un error" al detener un decreto que permitiría cumplir con la orden de la Corte IDH y garantizar el derecho a la familia a muchas parejas infértiles en el país.
Hubert May: "Esperamos que la Corte Interamericana nos dé la razón"
La Sala Constitucional anuló el pasado miércoles 3 de febrero, el decreto ejecutivo que pretendía regular la FIV en el país.
Cinco de los siete magistrados consideraron que no es posible regular derechos fundamentales —como el derecho a la vida— mediante un decreto, ya que se requiere de una ley.
El decreto que firmó Luis Guillermo Solís el pasado 10 de setiembre fue declarado inconstitucional y fue anulado. Esa norma ejecutiva también pretendía convertirse en el instrumento legal que permitiera a Costa Rica cumplir con la sentencia que le impuso la Corte IDH el 28 de noviembre del 2012.
Hubert May, otro de los abogados de las parejas en el caso FIV, fue quien le planteó al presidente Solís la idea de regular la técnica mediante un decreto, ante el atraso que enfrenta el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
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May espera que la Corte Interamericana les dé la razón y reconozca el decreto como una instrumento legal válido para regular la técnica reproductiva en el país.
"La Defensoría de los Habitantes, Casa Presidencial y los abogados de las parejas FIV, conicidimos en que el decreto es suficiente para regular y aplicar la FIV en Costa Rica", aseguró May.
El jurista afirmó que esta normativa es técnicamente válida, e incluso, contempla aspectos que excluye el proyecto de ley que está en la corriente legislativa.
Hubert May y Boris Molina coinciden en que la Sala Constitucional ya no debe pronunciarse sobre temas que fueron aclarados por la Corte Interamericana.
"Ahora se trata de que Costa Rica cumpla una sentencia internacional. De que se permita la regulación de la FIV", concluyó Molina.
Los abogados de las parejas pidieron a la Corte IDH que avale el decreto en el informe del cumplimiento de sentencia que debe emitir esa instancia, lo que según ellos, dejaría sin efecto cualquier resolución de la Sala Constitucional.
Los jueces de la Corte IDH se reúnen desde el 15 de febrero y hasta este miércoles 2 de marzo para deliberar sobre distintos casos, entre los que se encuentra el informe de cumplimiento de sentencia de Costa Rica.
La jueza costarricense Elizabeth Odio, quien inició funciones en la Corte IDH a partir del 1.° de enero de este año, no participará en la decisión del caso FIV que se lleva contra el país por tratarse de un proceso que se resolvió antes de su ingreso a ese alto tribunal.