La Sala Constitucional rechazó de plano, esta mañana, una acción de inconstitucionalidad que tenía frenadas las sanciones de la Contraloría General de la República contra funcionarios públicos.
Se trata de un reclamo en contra del artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el 103 de la Constitución Política, en el que se alegaba que el poder sancionatorio del ente contralor es inconstitucional.
La acción fue presentada en marzo del 2013 por Wilberth Aguilar, alcalde de Atenas, a quien el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le retiró las credenciales en el 2011 por recomendación de la Contraloría, tras hallar que Aguilar autorizó el pago por adelantado a una empresa que construyó aceras en ese cantón.
Los dos años que se mantuvo en estudio la acción obligaron al ente contralor a acumular las 218 investigaciones, que implican a 545 funcionarios públicos, de los cuales 175 son empleados municipales, incluidos alcaldes.
"Los magistrados rechazaron de plano la acción, respecto de esos dos artículos, debido a que el accionante no invocó, en el asunto base, la inconstitucionalidad de los mismos", informó la Sala IV en comunicado de prensa.
Aunque en la acción también se discutía la constitucionalidad del artículo 73 de la Ley orgánica de la Contraloría, la Sala IV reiteró que la Contraloría no impone la pérdida de credenciales de los alcaldes, pues es una potestad exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
"La Contraloría General , por disposición constitucional, instruye y realiza el procedimiento sancionatorio de los funcionarios que reciben, custodian, pagan o administran valores o bienes del Estado", ratificaron los magistrados.