La Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la aprobación del Presupuesto Nacional del 2015, actualmente en sus etapas finales de ejecución.
Sobre la decisión, tomada este miércoles en ese alto tribunal, aún no se conocen las consideraciones pues la oficina de prensa de la Sala apenas conoce la declaración de la acción de inconstitucionalidad con lugar y aún no se dispone del por tanto de la decisión.
La alerta la dio el diputado de la Alianza Demócratar Cristiana, Mario Redondo, quien lo anunció en el plenario del Congreso esta tarde.
El legislador fue uno de los firmantes de la acción, junto con otros 13 congresistas, la mayoría del Partido Liberación Nacional (PLN).
Ya el 28 de enero de este año, la Sala IV había resuelto una consulta facultativa hecha por los diputados sobre el trámite aplicado por el expresidente legislativo Henry Mora, para dar por aprobado en primer debate el Presupuesto Nacional, en noviembre del año pasado.
Ese congresista había tomado la decisión luego de una votación negativa en contra del plan de gastos gubernamental, pues adujo que la normativa constitucional impide que el Estado se quede sin un presupuesto ordinario.
No obstante, en ese momento los magistrados constitucionales determinaron que Mora no tenía potestades para dar por aprobada la propuesta presupuestaria.
Sin efectos.
Redondo explicó esta tarde que la decisión tomada ahora por la Sala IV no tiene efectos prácticos, a falta de poco más de un mes para que finalice la ejecución del Presupuesto Nacional de este año.
"La Sala Constitucional resuelve tardíamente. El expresidente (magistrado Gilbert Armijo) se lo guardó en la gaveta mucho tiempo y era un tema que debió haberse resuelto rápido, en virtud de que ya había resuleto una consulta de manera muy clara", comentó el congresista.
Redondo añadió que dejar sin efecto el plan de gastos vigente podría tener un perjuicio económico "de mayor relevancia". No obstante, añadió que la decisión de los magistrados establece un importante antecedente jurídico, porque "ese mecanismo no es viable jurídicamente".