La Sala Constitucional detuvo el ajuste automático de las pensiones alimentarias mientras resuelve una acción de inconstitucional acogida para estudio.
Lo anterior quiere decir que las personas que gozan de este beneficio, deben asistir a los estrados judiciales para que les apliquen el ajuste de la pensión.
El aumento automático se aplicaba en enero y julio de cada año, de forma paralela al aumento salarial. Ese es el mecanismo establecido en la normativa.
La acción de inconstitucionalidad la presentó un hombre de apellido Horvilleur el 13 de setiembre de este año y el 2 de octubre fue acogida por los magistrados de la Sala Constitucional.
La Sala además pidió el criterio de la Procuraduría General de la República sobre el particular.
Según la portavoz de la Sala IV, Vanlly Cantillo, los magistrados tardan entre dos y seis meses para resolver estas acciones, tiempo que estaría suspendido el sistema automático de ajuste.
Según Horvilleur, si bien debe haber un aumento en la pensión, este no debe hacerse de forma automática porque considera que eso es “temerario, peligroso, irresponsable e inconstitucional”.
Agregó que con el sistema actual, un aumento puede ser insignificante o también excesivo, con el agravante de que el ordenamiento jurídico lo fomenta así. Por esa razón, interpuso el recurso.
Alerta. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado de atención a las autoridades del Poder Judicial para hacer frente a esta situación.
Según el ente defensor, en el país las personas con derecho a pensión son unas 200.000 y frenar el ajuste automático provocará innumerables acciones que deberán atender todos los despachos tramitadores de pensiones.
La magistrada Eva Camacho, Coordinadora de la Comisión de Pensiones Alimentarias del Poder Judicial, señaló, por medio de su oficina de prensa, que hay que esperar a que la Sala resuelva.
Camacho agregó que el sistema automático se ideó para que las personas no se trasladen a los juzgados a realizar la gestión.
Aun así, siempre ha existido la posibilidad de que los interesados gestionen en persona los reajustes. La funcionaria sostuvo que los juzgados están en capacidad de atender la demanda de personas que llegarán a solicitar esa diligencia judicial.