La Sala Constitucional le dio curso, este lunes, a una acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de cinco fracciones legislativas, en contra del levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral.
Así lo confirmó la oficina de prensa de ese tribunal esta mañana, tras estudiar los argumentos de 21 legisladores en contra de la decisión del presidente Luis Guillermo Solís de anular el veto, el 12 de diciembre pasado.
La acción se presentó en la Sala IV el 19 de diciembre y, en su argumento, los legisladores dicen que, cuando la expresidenta Laura Chinchilla vetó el proyecto de ley 15.990, en octubre del 2012, lo hizo por razones de oportunidad y de constitucionalidad.
Según el liberacionista Juan Marín, la Constitución Política obligaba a los diputados de la anterior Asamblea a que consultaran el veto ante la Sala IV. Sin embargo, ellos no lo hicieron.
Siete meses después, en mayo del 2013, la exmandataria Chinchilla se arrepintió de sus objeciones de constitucionalidad contra la Reforma Procesal Laboral y, a través de una carta al Congreso, pidió retirar esa parte del veto.
Tanto Marín como Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), aseguran que ese vicio originario afectó todo el trámite posterior que se le dio a la reforma laboral.
"Me parece importante que la Sala le haya dado curso a la acción. Si no tuviese argumentos ni fundamento, la Sala lo rechaza ad portas, por tanto, los magistrados posiblemente consideran que sí hay fundamentación, hay afectación al artículo 128 de la Constitución, al principio de la división de poderes", dijo Marín.
Aún está pendiente darle curso a otra acción, presentada por el mismo grupo de diputados, pero enfocados en alegar que hay inconstitucionalidad en que el presidente Solís levante un veto aplicado por un presidente anterior.
Además de la acción de los diputados, los magistrados recibieron ayer una nueva acción, presentada por la Cámara de Industrias, en la que se reclama también la decisión presidencial.
Tras levantar el veto, la Reforma Procesal Laboral no entraría en vigencia sino hasta en junio del 2016.
Esa ley permite, en las condiciones de redacción actuales, que se realicen huelgas en servicios básicos esenciales si los trabajadores presentan un plan mínimo de continuidad en los servicios.
La iniciativa busca, principalmente, que se aligeren los juicios laborales a través del establecimiento de la oralidad en los procesos.