Un cambio en el sistema para nombrar al personal de la Defensoría de los Habitantes genera roces en esa institución y motivó una gestión ante el Tribunal Contencioso para dejar sin efecto las nuevas reglas.
El sindicato de trabajadores de la entidad, conformado por 76 de los 178 empleados, demandó a la jerarca, Montserrat Solano Carboni, al considerar que la reforma al Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos atenta contra su derecho a hacer carrera administrativa.
Las nuevas condiciones se publicaron en el diario oficial La Gaceta, el 10 de marzo.
Según la defensora, lo que hizo fue incorporar “prácticas sanas” para evitar largos interinazgos y abrir los concursos, sobre todo para permitir la participación de cuatro grupos de la población: afrodescendientes, indígenas, trans y personas con discapacidad.
Con el anterior estatuto, en los concursos solo participaban las personas que laboran en la Defensoría.
“En seis años, de 30 nombramientos, solo se hicieron dos concursos abiertos, porque la única forma de hacerlo era si había un concurso interno y nadie participaba”, manifestó.
Eso sí, dijo la jerarca, se incluyó un transitorio para hacer de concurso interno las plazas que ahora están ocupadas por interinos, que son poco menos de 20.
Solano Carboni asumió el cargo el 22 de setiembre del 2014. Fue designada con los votos de 29 legisladores.
Molestia. Para Federico Monge, secretario de actas del sindicato, la reforma es una “ocurrencia” de la defensora, porque no hubo estudios técnicos ni consultas que la justificaran.
Los miembros de esa organización laboral, insinuaron, además, que la modificación podría ser una “mampara” de la funcionaria para pagar favores políticos que ella pudo haber contraído cuando fue nombrada.
“No lo puedo afirmar, pero es un posibilidad”, dijo David Walsh, secretario general.
Otro de los cambios que la defensora introdujo –aparte del nuevo estatuto– es el límite a los permisos sin goce de salario, pues cuando asumió había 13 funcionarios laborando en otras entidades, con un permiso. Uno de ellos llevaba 12 años en esa condición.
A partir de ahora, en cambio, esa posibilidad se reduce a un año y otro más de prórroga.
Una de las trabajadoras que regresó a la Defensoría de los Habitantes tras seis años de permiso fue la exdirectora de Migración, Kathya Rodríguez.