Cuando ayer un grupo de manifestantes, encabezado por regidores de la Municipalidad de La Unión, puso el rótulo de "clausurado" al botadero de Río Azul, parece que no contaba con el voto de la mayoría.
Cuatro horas después, los dirigentes de las asociaciones comunales de Tirrases de Curridabat, de Churruca (en San Antonio de Desamparados), de San Antonio de Desamparados y de Río Azul de La Unión dieron a conocer un pacto acordado con el Poder Ejecutivo, hace dos semanas, para iniciar negociaciones y aplazar el cierre por 12 meses más.
En un comunicado conjunto del Ministerio de Información y el de Asuntos Específicos, el Gobierno reafirmó su decisión de continuar con el cierre técnico de Río Azul, "sin que ello se vea perjudicado por la disposición final de la basura en ese lugar por algunos meses más".
Asimismo, el Ejecutivo instó a un diálogo a quienes tengan dudas sobre los beneficios de este proceso y del carácter transitorio de la reapertura del vertedero.
Los líderes del movimiento que favorece la prórroga expresaron su repudio por la forma en que un grupo -a su juicio minoritario- hizo cumplir un decreto del 19 de setiembre de 1994, en el que se establece el cierre definitivo del botadero.
"Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque hemos visto cumplir los acuerdos por parte del Gobierno. No queremos ver que eso termine en otro precario, ya se tiene un 50 por ciento ganado del parque de recreo que nos prometieron, hay buena carretera y empezarán la titulación de 1.900 familias", explicó Bolívar Alvarez, dirigente de la Asociación de Tirrases Centro.
De igual forma Marta Gutiérrez, de la Asociación de San Antonio, reprochó el hecho de que los diputados socialcristianos Hernán Bravo y Rafael Villalta estuvieran presentes en el cierre de ayer. Para Gutiérrez, presidenta de esa entidad, ambos legisladores no tienen autoridad moral para decir nada. "Cuando estuvieron en el Gobierno, qué hicieron por nosotros... El basurero ahora es un relleno. Reconocemos que se ha cumplido lo prometido", enfatizó.
Villalta explicó que, de ninguna manera, tienen intenciones de provocar una confrontación entre la gente, pero estarán presentes para que se salvaguarde el deseo de esa comunidad y velar porque se cumplan los acuerdos firmados. "Suponemos que efectivamente habrá diálogo, si no hoy el lunes por la mañana."
Mientras tanto, el presidente José María Figueres informó que este fin de semana mantendrán conversaciones con los vecinos de Mora, sobre el nuevo relleno en esa localidad. "Porque conversando se arreglan las cosas y la semana entrante esperamos se reanude el servicio (en Río Azul)", dijo.
El mandatario agregó: "No estamos contemplando el uso de la fuerza; hablando nos vamos a poder arreglar. Tenemos todo el fin de semana por delante. No nos adelantemos a los hechos; creo que esto saldrá bien."
Cierre simbólico
Luego de cantar el Himno Nacional y la Patriótica costarricense, Rodolfo Arce, dirigente de Río Azul, expresó ayer que con el cierre solo cumplían con los derechos de la comunidad. "No se apareció nadie del Gobierno, dónde está Ojeda que no cumple su palabra", gritaba.
Entretanto, Bosco Vargas, presidente de la Asociación de Río Azul -quien aclaro que él solo cumplía la voluntad del pueblo- anunció la firma de un acta, levantada por el abogado Raúl Carvajal, en la cual se da por cerrado el botadero. "Con esto termina la pesadilla", afirmó.
Sin embargo, en otra muestra de que las acciones no tienen un destino común, ayer se repartió a los medios de prensa una circular -en nombre de los vecinos de esa misma comunidad y con 12 páginas llenas de firmas- en la que solicitan a la asociación de desarrollo que brinde un año más de plazo.
El ejecutivo municipal de San José, Johnny Araya, advirtió que si el asunto no se resuelve el lunes, no se recogerá la basura. El mismo criterio externó el ejecutivo de la Municipalidad de Aserrí, Oldemar García, quien explicó que los representantes de los 12 concejos que usan Río Azul están esperando que se dé un arreglo; de lo contrario no se recolectarán los desechos pues no tienen dónde depositarlos.
Por otra parte, La Nación tuvo conocimiento de que anteayer un grupo de vecinos de Río Azul interpuso un recurso de amparo contra el Gobierno, para que se respete el acuerdo de cierre y se impida su ampliación. Ayer todavía no se le había dado curso.
Colaboraron en esta información María Isabel Solís, Mauricio Herrera e Irene Vizcaníno, redactores de La Nación, y Eleonora Colagroso, colaboradora.