Los regidores de al menos nueve municipalidades del país y algunos directivos de instituciones autónomas reclaman el pago de aguinaldo, pero la Defensoría de los Habitantes y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) consideran que no tienen ese derecho.
Ediles y directores plantearon, por separado, la gestión ante sus propios concejos y juntas directivas, según conoció este diario.
Los munícipes se basan en el artículo 5 de la Ley de pago del aguinaldo a servidores de instituciones autónomas, semiautónomas y municipales , que entró a regir en 1955.
Ese artículo reza: “Cuando las circunstancias económicas de cada institución lo permitan se podrán conceder los beneficios de esta ley a los miembros de las respectivas juntas directivas”.
Pero Max Alberto Esquivel, defensor adjunto de los habitantes, sostiene que ese pago no es moral ni tiene sustento económico.
“El aguinaldo es un derecho laboral para las personas que tienen una relación de trabajo con un patrono. En el caso de los regidores, síndicos y directivos (de las autónomas) no son empleados”, explicó.
Esos representantes reciben una dieta por asistir a las sesiones municipales o reuniones de directiva.
A esa dieta no se le aplican las rebajas por cargas sociales como si ocurre con los sueldos. Solo se les deduce un 15% del impuesto de renta.
La dieta depende del presupuesto de la institución. Por ejemplo, un regidor de San José recibe por sesión ¢21.200. Ellos participan en cuatro sesiones ordinarias y al menos dos extraordinarias por mes.
Puntos de vista
Pablo Álvarez, presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y del Concejo de Oreamuno, en Cartago, dijo estar de acuerdo con el pago del aguinaldo.
“La ley nos toma la dieta como un salario y por eso nos corresponde el aguinaldo. Los regidores invierten mucho tiempo pues además de ir a las sesiones del Concejo participan en comisiones”, indicó Álvarez.
Marielos Barahona, presidenta del Concejo de San José, considera que las municipalidades que tienen la capacidad económica pueden efectuar ese pago.
Pero Esquivel no piensa igual.
“Es un privilegio desproporcionado e irrazonable. No es que haya superávit pues pudo sobrar dinero porque las municipalidades no lo gastaron. La idea es saber que las necesidades fueron satisfechas”, indicó el defensor adjunto.
La Defensoría pidió a los ayuntamientos y a las instituciones autónomas que le informen si van a pagar o no el aguinaldo. Algunos ya contestaron.
La Nación publicó el 13 de octubre anterior que casi todas las municipalidades harán pocas obras el otro año, pues no tienen plata. Pese a eso varias presupuestaron el aguinaldo.
“El IFAM no va a pagar aguinaldo a los miembros de la directiva y creo que a los regidores tampoco les corresponde pues no tienen una relación laboral a tiempo completo. La otra semana enviaremos una circular a las municipalidades con nuestro criterio”, resaltó Juan José Echeverría, jerarca de esa institución.
Por ejemplo, en Alajuela hay casi ¢7 millones presupuestados para cancelar el aguinaldo. Ese es casi el mismo monto que destinó el municipio para dar becas a estudiantes pobres el otro año.
La Defensoría pidió a los ayuntamientos que no paguen ese beneficio. A los auditores internos les ordenó velar para que el pago no se efectué.
Según la Defensoría, el año pasado 66 de las 81 municipalidades no pagaron el aguinaldo a los ediles.
Además, en muchos casos la Contraloría General de la República autorizó los presupuestos municipales que incluían el pago de ese beneficio. Eso sí, lo condicionó a que no tuvieran pérdidas económicas en el año.
Mientras, en el Congreso se discute un plan para prohibir el pago del décimo tercer salario a los regidores, síndicos y directores de las entidades autónomas y semiautónomas.
Colaboraron los corresponsales Jorge Esquivel y Carlos Hernández.