Mario Ruiz, regidor de Montes de Oca a quien su expareja denunció por supuesta violencia doméstica, asegura que la acusación se basa en hechos "absolutamente falsos" y que es una herramienta de coerción en su contra.
Según el regidor, quien llegó al cargo como miembro de una coalición entre PAC-Frente Amplio, la denunciante alega violencia psicológica sin presentar pruebas y la Ley sobre violencia doméstica se basa en el principio "in dubio, pro victima", lo que facilita la imposición de medidas de protección en favor de quien denuncia, en detrimento del supuesto agresor.
Sus explicaciones las hizo en una carta abierta, publicada en su página de Facebook, donde asegura que la denuncia en su contra se aprovecha "políticamente para intereses particulares, sin ningún sentimiento de humanidad, ni siquiera por la mayor víctima de todo esto", su hija.
Ruiz fue elegido para esa candidatura por el Frente Amplio y ratificado por la Asamblea Nacional de esa agrupación política, para ser integrante de la coalición con el Partido Acción Ciudadana (PAC), de nombre Gente de Montes de Oca.
Al contrario de lo señalado por la vicealcaldesa de ese cantón, Diana Sofía Posada, el regidor frenteamplista insiste en que a él se le notificó la imposición de medidas de protección un mes después de ser ratificado como candidato a regidor, o sea, en noviembre del 2015.
Bajo ese argumento, sostiene que no incumplió ninguna norma estatutaria, pues explica que, entre los requisitos para aspirar a un cargo en la elección municipal, se exige "carecer de medidas cautelares por violencia doméstica, vigentes al momento de su postulación".
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El alcalde Marcel Soler también le pidió la renuncia a Ruiz.
Dos denuncias.
Ruiz reconoció que su expareja lo ha denunciado por la vía penal dos veces, pero aduce que en ambas ocasiones las denuncias fueron desestimadas "por carecer de fundamento y veracidad".
Ante el señalamiento de la vicealcaldesa Posada, quien acusó a Ruiz de incumplir las medidas de protección a la denunciante de no acercarse, el regidor rechazó que las incumpla y apuntó que su expareja no le permite ver a su hija y que ese es "acto que representa una violación a los derechos fundamentales de mi hija siendo esto una forma de violencia infantil. Por esta situación, ella también enfrenta denuncias en su contra y el caso es investigado en el PANI".
El argumento del frenteamplista es que, a raíz de la denuncia, se han levantado injurias, difamación y calumnias en su contra, aunque -insiste- no ha cometido delito alguno.
"Afrontaré, como lo he hecho hasta ahora, lo que tenga que afrontar, en las instancias correspondientes tanto a nivel judicial como a lo interno de mi partido, con la frente en alto y con transparencia, en defensa de mi dignidad, mi honor y de la verdad, porque no tengo absolutamente nada de qué arrepentirme ni qué temer", insiste Ruiz.
El del regidor es el cuarto caso de violencia contra mujeres denunciado contra miembros del Frente Amplio y que pone contra la pared a su cúpula, que en el artículo cuarto de su estatuto partidario se confiesa feminista.
"El Frente Amplio es FEMINISTA (sic). Rechaza el sistema de dominación sexista y patriarcal. Promueve la igualdad de género y la democracia paritaria", reza el quinto párrafo de ese artículo.