El diputado liberacionista Juan Marín presentó un proyecto de ley para que las municipalidades puedan construir viviendas de interés social con fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
Actualmente, los ayuntamientos no tienen competencias legales para tramitar bonos de vivienda ni para erradicar tugurios ni precarios.
El legislador de Liberación Nacional alega que los gobiernos locales tienen, por mandato constitucional, la obligación de "promover el desarrollo integral" de los cantones respectivos.
Según Marín, la iniciativa legal se mantiene dentro del marco de la transferencia de competencias a las municipalidades, tal como se estableció con la primera ley de transferencias, para la construcción de la red vial cantonal en manos de los ayuntamientos.
"En especial para que las familias de escasos recursos económicos del cantón puedan beneficiarse de proyectos municipales habitacionales de interés social y, de este modo, poder contar con una vivienda digna", argumentó el verdiblanco.
Actualmente, las viviendas de interés social los aprueba y financia el Banhvi mediante dos modalidades, una vez que revise el cumplimiento de todos los requisitos de ley. Una es cuando una persona solicita un bono de manera individual en una entidad financiera autorizada. La otra es cuando una constructora tramita un proyecto ante una entidad financiera.
Supervisión y financiamiento. La propuesta legal de Marín abre el abanico para que los concejos municipales puedan autorizar la compra de terrenos dentro de la jurisdicción respectiva y construir viviendas de interés social ahí, siempre bajo la supervisión y financiamiento del Banco Hipotecario.
"Cada municipalidad preparará los proyectos de vivienda de interés social, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la normativa que rige esta materia. Una vez listo el proyecto, coordinará y tramitará con uno de los entes autorizados, su trámite y presentación al Banhvi para su resolución final", establece la propuesta legal.
Según lo establecido por la normativa del Banhvi, los proyectos de interés social se construyen con la suma de los bonos que podrían recibir los beneficiarios.
Así sucede, por ejemplo, con el proyecto Brisas II, que construye la Fundación Costa Rica Canadá en Dulce Nombre de La Unión.
El monto máximo por bono que asigna el Banco es de ¢6,5 millones; el bono mínimo corresponde a ¢1,3 millones.
Apoyos. El diputado Marco Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se manifestó a favor de la iniciativa y apuntó que aún debe pasar por el trámite en la Comisión de Asuntos Municipales, donde tiene un apoyo casi unánime.
"Parte del problema es que todo el mundo le discute a las municipalidades su capacidad, pero no les dan herramientas para que asuman estas responsabilidades. En los últimos meses se les ha venido dando espacio, por ejemplo con el program Puente al Desarrollo", afirmó Redondo.
Según el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, el proyecto de ley del liberacionista merece ser analizado en detalle.
"Reiteramos la disposición para trabajar junto con todos los diputados, a efectos de que la legislación en materia de vivienda y asentamientos humanos promueva el mejoramiento continuo de los pueblos y ciudades a través de inversiones destinadas a la población en pobreza y pobreza extrema", opinó Pujol.
lanormativa que rige esta materia. Una vez listo el proyecto,coordinará y tramitará con uno de los entes autorizados, su trámitey presentación al BANHVI para su resolución final.