La Corte y sus gremios pretenden extender por diez años el privilegio que tienen los empleados judiciales de pensionarse con el 100% del salario de referencia.
Así lo propusieron en la reforma que ambos sectores presentaron al Congreso, como alternativa al proyecto dictaminado por los diputados de la Comisión Especial de Pensiones, el cual reduciría el cálculo a un 85%.
Al final del texto, los magistrados y el Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial incluyeron un transitorio en favor de los funcionarios a los que les restan diez años para retirarse. Su intención es que se puedan jubilar con la totalidad del salario de referencia, aunque este ahora se calcularía sobre los últimos 120 sueldos en lugar de los últimos 24.
El texto de los diputados, en cambio, les otorga el 85% de los últimos 240 salarios y solamente hace una excepción con los empleados a los que les falten año y medio (18 meses) para jubilarse. Según este plan, si ellos ya cumplen los requisitos, podrían pensionarse con las condiciones actuales, lo que incluye el 100% de los mejores 24 salarios.
En el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que cubre a la mayor parte de la población, el salario de referencia es el 60% de los últimos 240 salarios.
El argumento de los gremios para incluir la excepción por diez años es que no se les puede cambiar las condiciones jubilatorias a empleados que están a una década o menos de obtener su jubilación.
Ronald Segura, fiscal y vocero del Frente Gremial, alega que la propuesta de mantener las condiciones a ciertos empleados tiene respaldo en los convenios 102 y 157 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque solo el primero de esos acuerdos esté ratificado por Costa Rica.
"En todas las reformas históricas a las pensiones que se han hecho en Costa Rica, se han respetado los convenios de la OIT. Cuando la gente tiene ciertas condiciones, no se le pueden cambiar de un día para el otro", respondió Segura.
Los diputados liberacionistas de la Comisión de Pensiones no solo lamentan que la Corte se pronunciara en contra del plan dictaminado por la mayoría de los legisladores, sino que intente mantener ese privilegio en el cálculo de la pensión.
De acuerdo con Sandra Piszk, Julio Rojas y Maureen Fallas, del Partido Liberación Nacional (PLN), este plazo de diez años beneficiaría a unos 2.300 empleados judiciales, el 22,2% de la población laboral actual, y tendría un costo financiero de ¢70.000 millones en el plazo de diez años.
En el caso del proyecto de los diputados, se aplicaría una tabla incluida en el transitorio sexto, que permitiría adelantar la pensión con mejores condiciones, a las que propone la reforma, a los funcionarios a los que les falten entre año y medio y diez años para pensionarse. Los salarios de referencia serán graduales, de acuerdo con la edad o los años de servicio que tengan.
Por el momento, la discusión del expediente 19.922 está detenida en el Congreso, mientras llegan los informes solicitados a diferente entidades, entre ellas la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Ministerio de Hacienda y todas las organizaciones de trabajadores del Poder Judicial.
El criterio solicitado a la Corte Suprema de Justicia, el más importante de los informes solicitados, llegó esta semana al Congreso. En su respuesta, los magistrados rechazan el dictamen de la Comisión de Pensiones y propone a los legisladores acoger como reforma a las pensiones judiciales el plan pactado entre la Corte Plena y el Frente Gremial.
El texto de la Corte y los gremios lo introdujo al Congreso el diputado del Frente Amplio Jorge Arguedas como una opción "más viable" que la dictaminada por la mayoría de los diputados, en la Comisión de Pensiones.
Para la libertaria Natalia Díaz, integrante de la Comisión Especial de Pensiones, ese transitorio es uno de los puntos que aún están en discusión, porque aún faltan varias etapas en el trámite legislativo que cambiarían varias partes de la iniciativa que finalmente se vote en primer debate.
"Para mí, es suficiente con los 18 meses que establece la iniciativa de la mayoría, para las personas que estén cercanas a pensionarse bajo las condiciones actuales del régimen", comentó Díaz.
La congresista manifestó que, aparte del criterio dado por la Corte Suprema, que llegó al Congreso el jueves, aún se esperan otros informes importantes, entre ellos de la Procuraduría General de la República y los actuarios de la UCR.
Propuesta de los diputados vs. propuesta de Corte-gremios
Los legisladores tramitan, en el Congreso, una reforma a las pensiones del Poder Judicial para solucionar un déficit actuarial calculado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en ¢5,3 billones.
La advertencia de los expertos es que en un plazo de 100 años, cada empleado judicial estaría pagando la pensión de una persona y no aportando para la sostenibilidad del fondo, si no se hace nada para reformar ese sistema jubilatorio de una vez.
Por eso, los diputados de la Comisión Especial de Pensiones esperaron los estudios de la UCR y prepararon un proyecto de ley que eleva la edad de jubilación a 65 años, fija un tope a las pensiones de ¢4 millones e impone una contribución especial del 50% sobre el exceso de ese tope a los actuales jubilados.
Además, los legisladores del PLN, Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y Renovación Costarricense plantean, en su proyecto de ley, que la pensión se calcule sobre los últimos 240 salarios (20 años de servicio) y no los últimos 24 (dos años).
Dentro de las propuestas parlamentarias para reformar el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Corte Suprema de Justicia también se modifica la cotización obrera, que sería progresiva, entre un 11% y un 15%, o sea, que cuanto mayor salario tenga un empleado, más deberá cotizar para el sistema.
La propuesta consensuada por la Corte Plena y el Frente Gremial, en cambio, pretende dejar la edad de retiro en 60 años para mujeres y 62 para los hombres, como en la actualidad; aunque aceptan el tope de los ¢4 millones, no están de acuerdo con una contribución del 50%, sino que plantean dejarla en un 20% sobre el exceso del tope.
La Corte también acepta que las pensiones se otorguen con un 85% como tasa de reparto, pero que el promedio sea de 120 salarios (10 años) y no 240, como plantearon los legisladores. Además, los gremios y los magistrados presionan por mantener la cotización obrera en un 11%.