El propietario de una finca ubicada entre Higuito de Desamparados y Copalchí de Cartago insiste en continuar con los procesos necesarios para vender, al menos, 40 lotes que a criterio del Tribunal Ambiental Administrativo se encuentran en zona de protección.
Tras varias denuncias de vecinos de la zona, el pasado 27 de agosto ese Tribunal emitió una medida cautelar en contra de Eduardo Alfaro, dueño de la propiedad. La resolución le impide al propietario realizar cualquier proceso constructivo en la finca hasta que se descarte si habría afectación a mantos acuíferos.
En el pronunciamiento se le exige a las municipalidades de Desamparados y El Guarco de Cartago no emitir permisos de construcción y evitar el levantamiento de estructuras.
José Porras, vicealcalde de Desamparados, aseguró que el pasado viernes fue necesario sellar la propiedad, debido a que se estaban realizando movimientos de tierra en la finca y la construcción de una aparente tapia. Agregó que el pasado domingo los inspectores del ayuntamiento encontraron trabajadores haciendo mediciones topográficas para la posible segmentación de lotes.
Rodrigo Araya, representante legal del propietario, desmintió que en la propiedad se hayan realizado excavaciones o construcciones y aclaró que fue hasta el domingo cuando recibieron la notificación de la medida cautelar.
Araya sostiene que la finca está libre de gravámenes, no se encuentra en zona protegida y tampoco afecta mantos acuíferos, contrario a lo que indica la denuncia presentada ante el Tribunal. Según Araya, todo esto lo demostrarán con estudios de peritos privados que ya contrataron.
"Se han dicho muchas cosas, como que el señor Alfaro esta estafando a los nicaragüenses. Todos los lotes tiene planos catastrados, se les ha explicado las condiciones de venta y las han aceptado. Lo que hay detrás es una absoluta xenofobia por parte de grupos interesados", comentó Araya.
El abogado dijo que Alfaro ya vendió algunas de las propiedades a vecinos del precario Tringulo de Solidaridad, en Goicoechea, condición que a su criterio molestó a los habitantes de la zona y los movió a levantar las denuncias.
El propietario pretende colocar entre 40 y 50 lotes que pueden alcanzar los 150 metros cuadrados. El abogado no reveló el precio de venta de cada lote.
José Luis Vargas, juez del Tribunal Ambiental, explicó que la medida cautelar es indefinida y se mantendrá hasta que Acueductos y Alcantarillados (AyA), y Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) descarten una afectación a los acueductos rurales cercanos.
"Es un tema vulnerable. Hay antecedentes de tala de árboles y creación de terrazas. Esos son terrenos de actividad forestal por tener pendientes mayores al 40%. Son zonas de recarga acuífera. La amenaza mayor es por construcción y manejo de aguas residuales, podría haber contaminación geológica y química", explicó el Vargas.
El ayuntamiento de Desamparados aseguró que la construcción en el sitio puede afectar las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas) de San Miguel, Higuito, El Llano y Copalchí. Rodrigo Araya descartó tal aseveración e insistió en que el terreno de Alfaro no está dentro de los 200 metros de protección de las cinco nacientes de agua más cercanas.
La sentencia también indica que Senara y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) deben cuantificar los daños por la tala de árboles y la creación de terrazas con que ya cuenta la finca.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos informó que las propiedades ubicadas en Copalchí no califican dentro de las medidas de desalojo pensadas para el precario Triangulo de Solidaridad en Goicoechea.