El Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica determinó que las labores de carga y descarga en los muelles y atracadores del Caribe son un servicio público que no se puede paralizar o suspender por una huelga.
Por esa razón, este viernes el juez Pablo Sánchez declaró ilegal el movimiento que promueve desde el miércoles de la semana pasada el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) en los puertos de Limón y Moín.
El Juzgado se base en el artículo 61 de la Constitución Política que establece que: "se reconoce el derecho (…) de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos".
"Resulta clara la imposibilidad de realizar una huelga de este tipo en dicho servicio, dada su naturaleza y el impacto social que conlleva, pues la suspensión de estas labores podría causar grave daño a la economía del país, a las personas y bienes en general, en tanto paralizan las importaciones y exportaciones de productos necesarios para la economía diaria y comercio de gran parte del país", apunta el fallo.
La resolución también ordena a la Policía a garantizar "por todos los medios a su alcance" la continuación de todos los trabajos en las instalaciones de Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
No obstante, la declaratoria de ilegalidad todavía no está en firme, Sintrajap tiene tiempo hasta el lunes para presentar una apelación.
Sintrajap está en huelga desde el miércoles de la semana pasada porque se opone a la concesión que permitiría a APM Terminals construir un megapuerto en Moín, para atender de manera exclusiva los barcos portacontenedores.
La molestia es por la cláusula 9.1 del contrato que otorga la actividad de los barcos portacontenedores a la empresa holandesa; mientras que los buques con carga mixta (contenedores, vehículos, metales, graneles) se los asigna a los muelles actuales operados por Japdeva.
En reiteradas ocasiones el presidente Luis Guillermo Solís ha dicho que esa apartado no se renegociará, porque sería atentar contra la seguridad jurídica del país.