El viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, negoció en octubre pasado un acuerdo extrajudicial con su expatrono, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) para librarse de un cobro judicial.
Hasbum, quien fue director ejecutivo de Jupema, pidió que lo eximieran de la demanda y del pago de honorarios, pese a que en su ministerio, y bajo su supervisión se aprueban o rechazan las jubilaciones de docentes que solicita la Junta.
Con el arreglo, el viceministro de Trabajo evitó el eventual pago de intereses y costas al que se exponía en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial del II Circuito Judicial de San José.
Por este caso, la Jupema gastó al menos ¢3,3 millones en dos abogados. Uno de ellos recomendó iniciar el cobro judicial y el otro formuló la defensa ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, adonde Hasbum acudió para tratar de frenar el proceso.
El jerarca accedió a reintegrar los ¢5,2 millones que la Junta le exigía luego de que, en el 2010, lo halló responsable de autorizar una “serie de pagos indebidos” cuando él se desempeñaba como su director ejecutivo, cargo que ejerció del 2000 al 2010.
La suma equivale a lo que Hasbum ordenó depositar durante siete meses a una funcionaria de apellido Rojas, quien ya no trabajaba para la organización.
El jerarca de Trabajo aseguró que no hizo nada ilegal, que tiene “la conciencia tranquila”. Según dijo, no ejerció ningún tipo de presión para conciliar.
La Jupema entabló el cobro judicial desde el 2010, pero el actual jerarca lo congeló con una acción ante el Tribunal Contencioso.
En julio del 2012, Hasbum solicitó un primer arreglo de pago a la Jupema, pero la Junta Directiva lo rechazó porque no planteó “ningún tipo de compensación”. Solo propuso retirar el proceso del Contencioso-Administrativo, a cambio de librarse del cobro judicial. Ese mismo año, el Tribunal falló en su contra.
Acudió, entonces, a la Sala I, la cual también resolvió de manera negativa para él en julio del 2014.
Así, ya siendo viceministro, volvió a solicitar la conciliación, la que esta vez obtuvo por unanimidad de los directivos.
Si bien la Jupema es autónoma, opera bajo la supervisión y el control de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), cuyo superior inmediato es Hasbum.
Él aseguró que no toma decisiones, sino que se limita a supervisar que la DNP trabaje bien. Aseguró que es el ministro de Trabajo, Víctor Morales, quien gira directrices.
Jupema es la organización que más jubilaciones tramita con cargo al Presupuesto Nacional. Ese régimen tiene cerca de 39.000 pensionados que, solo este año, demandan unos ¢464.000 millones.
Defensa. Según Hasbum, todo se trató de “una injusticia”, pues lo único que hizo fue ayudar a una funcionaria que requería un permiso con goce salarial para atender a su hijo que nació con una malformación.
Asegura que giró los salarios cuestionados mientras intentaba que a ella se le aprobara una incapacidad.
“Sucedió lo del viejo dicho de ‘tigre suelto contra burro amarrado’; yo ya estaba fuera de la Jupema y entonces, las baterías las enfilaron contra mí, así de simple (…). Me defendí administrativamente. De los directivos solo el presidente sí expresó que él conocía todo como se venía actuando, los demás optaron por lo más fácil, por el no me acuerdo”, dijo.
Añadió que existió un acuerdo de la Directiva que, luego, la Auditoría lo consideró poco claro.
El actual director ejecutivo de la Jupema, Róger Porras, afirmó que se decidió conciliar en octubre porque era el mejor escenario, debido a que se corría el riesgo de no obtener ninguna compensación en el cobro judicial.
Argumentó que hicieron un estudio en el cual se percataron de que Hasbum no tenía ningún bien a su nombre que eventualmente hubiesen podido ser embargado para efectuar el cobro.
“La Junta determina que hay un riesgo en el proceso de cobro, que esos procesos duran bastante y que eventualmente podríamos ganar el proceso y llegar a la conclusión de que él no tenía bienes”, declaró Porras.