La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga, deberá devolver ¢27 millones al Estado por cobrar un sobresueldo para el cual no calificaba.
Pese a ello, Casa Presidencial decidió que ella se mantendrá en el cargo, pues argumenta que ella no intervino para que se le pagara esa suma ilegal.
Así se concluye el procedimiento abierto del Ministerio de la Presidencia contra la viceministra que se inició desde el 20 de enero de este año, en la resolución DMP-010-2017 de este domingo 7 de mayo.
Desde su ingreso al gobierno en mayo del 2014, la viceministra Zúñiga cobró un 65% más de salario por el incentivo de prohibición, aunque no cumplía con uno de los requisitos exigidos para recibir ese plus: estar incorporada al colegio profesional, al de Abogados en su caso.
El director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, aseguró que la funcionaria no tiene la culpa de haber recibido el pago del incentivo, por lo que no hay responsabilidad administrativa. "No hay actuación dolosa, no intervino para que se le pagara", alegó.
La funcionaria devolvió ¢8 millones el viernes anterior y pagará los ¢19 millones restantes en tres pagos: en agosto, diciembre y marzo.
Por esta devolución, Herrera aseguró que "no ha habido daño a la hacienda pública, por lo tanto no ha habido corrupción", reiteró Mauricio Herrera. ministro de comunicación.
Herrera aseguró el salario de la viceministra quedó fijado en el departamento de Recursos Humanos desde el 30 de abril de 2014, una semana antes que Zúñiga asumiera su puesto.
"Se le absuelve de toda responsabilidad administrativa", concluyó Herrera.
En un principio, la viceministra Zúñiga dijo que devolvería ¢8 millones, correspondientes al 20% de los salarios base cobrados, con base en una tesis de la Procuraduría General de la República según la cual, si bien ella no podía cobrar el 65% del salario por prohibición, sí podía percibir un 45% por ser egresada de Derecho, de acuerdo con la Ley de Compensación.
No obstante, el director jurídico de Casa Presidencial se decantó por el criterio de la Contraloría General de la República (CGR), la cual concluyó que no corresponde ningún tipo de pago para una profesional no colegiada cuando la membresía es requisito para ejercer. Escogió el criterio de la Contraloría al considerar que ese es el órgano que puede emitir un criterio vinculante y prevalente sobre el incentivo por prohibición.
Casos anteriores
Según Herrera, errores de este tipo se han dado en otras administraciones sin que las autoridades notificaran ni devolvieran los montos recibidos ilegalmente.
"Es un hecho que en los pasados gobiernos hubo casos similares a los que nos afectan hoy. En el pasado estas situaciones de pagos que no correspondían nunca fueron identificadas, ni denunciadas y nunca hubo reintegro de los recursos", señaló en una declaración oficial el ministro.
La actual administración está investigando cada uno de los casos ocurridos desde 2006, cuando entró en vigencia la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
"Se van a iniciar los procesos de cobro", en los casos que se confirme que esos funcionarios recibieron de forma ilegal, advirtió Herrera.
El director jurídico de Casa Presidencial aclaró que si bien los casos de este tipo pueden prescribir cada cuatro años, esa prescripción no se da de oficio, sino que corresponde a los exfuncionarios decidir si se someterán al proceso una vez transcurridos este tiempo.
El gobierno también detectó dos casos nuevos de esta administración en los que se habría pagado prohibición sin el requisito de incorporación al colegio profesional respectivo. Se trata del ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, y de la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez.
En ambos casos se abrieron procedimientos, con la anuencia de los funcionarios.
Adicionalmente, Mora solicitó que se revisaran todos los pagos de prohibición dentro de Comercio Exterior.
Otros funcionarios de esta administración recibieron el pago del incentivo, pero ya lo devolvieron o lo harán en el próximo año.
La exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, devolvió ¢11 millones; la viceministra de Gobernación Carmen Muñoz tiene un arreglo de pago; el ministro de Turismo Mauricio Ventura pagó ¢3 millones.
En el caso del viceministro de Paz, Víctor Barrantes, se avanza en un procedimiento, mientras que la ex viceministra de Agricultura, Gina Paniagua, está en un proceso de cobro.