La Defensoría de los Habitantes solicitó al Consejo de Transporte Público (CTP) información detallada sobre la flotilla de autobuses que superó la antigüedad legal permitida, en el marco de la discusión del proyecto de ley para ampliar la vida útil de las unidades.
En una nota del lunes anterior, la defensora de los Habitantes en funciones, Tatiana Mora, dio cinco días a la directora ejecutiva del CTP para que se refiera a diez puntos relacionados del tema.
Entre las solicitudes se encuentra el detalle de buses que circularon durante el 2022, pese a que ya no podían circular ese año, tal como lo reveló La Nación. Según datos del CTP, son alrededor de 60 buses inscritos por al menos 20 empresas que advertían de paros técnicos este año.
En esa dirección, la Defensoría de los Habitantes solicitó “exponer, documentar y justificar técnica y jurídicamente, las gestiones que ha realizado el CTP en relación con las empresas que mantienen en sus flotillas unidades que superan los plazos de vida útil”.
También se pidió a la autoridad de transporte público las acciones “inmediatas” ante el paro técnico que anunciaron los empresarios de autobús al reducirse sus flotillas y no cumplir con la antigüedad de 15 años que establece la Ley 7.600.
De igual manera, solicitaron un listado de las empresas que, en cumplimiento con esa ley, están solicitando la inscripción de nuevas unidades.
A finales del año anterior, el CTP previno a las compañías de autobús para que cumplieran con la ley y no circulen sus unidades más viejas porque se expondrían a sanciones e incluso, al retiro de la concesión.
En el Congreso, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos todavía discuten un proyecto de ley para extender de 15 a 20 años la antigüedad permitida de los buses, bajo el argumento que los empresarios no tienen recursos económicos para renovar su flotilla, debido a la afectación ocasionada por la pandemia de la covid-19.
La mayoría de las fracciones, a excepción del Frente Amplio y cinco de los seis diputados del Partido Liberal Progresista, se oponen a la medida.
Mientras tanto, el Gobierno salió en defensa de los empresarios a finales del año anterior, cuando los autobuseros anunciaron posibles paros técnicos, de los cuales ni el CTP ni la Cámara Nacional de Transportes ha informado a la fecha.