La ley establece que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, puede vetar un proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa, cuando considere que es lesivo o afecta las finanzas del Estado.
En este periodo de gobierno, la mandataria ha vetado ya cuatro planes aprobados en el plenario.
Los diputados tienen la potestad de ignorar esa decisión presidencial, ya sea a través del resello o de modificaciones puntuales para hacer más potable el texto. Sin embargo, no han ejercido su poder para imponerse sobre el criterio presidencial por falta de acuerdos políticos y porque no han reunido los 38 votos necesarios para el resello.
El rechazo presidencial a una ley, sea parcial o total, se ha convertido en una herramienta para enterrar leyes que, incluso, tuvieron votaciones afirmativas unánimes.
Chinchilla, sin embargo, ha sido moderada en los vetos.
Óscar Arias, su antecesor, vetó dos: la “desafectación” de la calle 13 en San José para instalar de forma permanente un mercado de artesanías y un proyecto del Frente Amplio para incluir en la ley consultas públicas en materia ambiental.
Abel Pacheco (2002-2006) no vetó ninguna, pero Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) lo hizo con 13 y José María Figueres (1994-1998) con 16.
Leyes generosas. El primer veto que aplicó Chinchilla, en setiembre del 2011, frenó la declaración de la enfermedad celiaca (intolerancia al gluten) como de interés público, bajo el sustento de que iba a generar gastos excesivos al Estado.
“Estaba lleno de bondades y eso habría generado un entusiasmo entre los empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que no reparó en aspectos particulares”, dijo el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, quien indicó que esa iniciativa se heredó del Gobierno de Pacheco.
Dos veces el año pasado, la mandataria frenó otros dos proyectos.
El primero con la modificación a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (setiembre de 2012) que buscaba más derechos de fotocopiado en favor de estudiantes.
El segundo, un mes después, cuando rechazó la reforma al Código Procesal Laboral, pues alegó que esa norma permite las huelgas del sector público en servicios esenciales, como el de salud, a riesgo de la vida de los usuarios.
El más reciente rechazo lo emitió hace un mes, el 23 de agosto, contra la iniciativa que fija derechos de prejubilación a exempleados del Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Alegó que esa ley abre un portillo para que los beneficiarios sean muchos más que los reales.
De acuerdo con el Poder Ejecutivo, los diputados no incluyeron la fuente para financiar el aumento para los 130 exfuncionarios del Incofer beneficiados y que, con el proyecto, llegarían a 2.400.
Sin votos. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, coinciden en que “no hay voluntad” de las fracciones políticas para lograr los 38 votos necesarios para resello.
Pero también se impone la realidad. Lograr una mayoría calificada es imposible sin los 24 diputados del Partido Liberación Nacional. El Congreso, en total, tiene 57.