Sin haber superado aún el calvario del Presupuesto de la República para el 2015, el Gobierno ya ve venir la próxima brasa legislativa: archivar o reactivar un proyecto de ley que amplía los derechos de huelgas que convocan los sindicatos en entidades públicas.
El veto a la Reforma Procesal Laboral, decretado en el 2012 por la presidenta Laura Chinchilla, genera para este gobierno un dilema jurídico y político que podría afectar sus alianzas legislativas y que, para peores, lo coloca en cuenta regresiva.
De un lado, el Frente Amplio presiona para que se levante el veto y se legalicen así las huelgas en servicios indispensables, como seguridad, salud o puertos, según algunos. Del lado contrario, hay una presión de sectores políticos y económicos que consideran ese proyecto perjudicial para la economía costarricense.
En medio está el gobierno de Luis Guillermo Solís, necesitado de aliados en la Asamblea Legislativa y con un plazo que también presiona: la vigencia del proyecto tiene fecha y hora de vencimiento: el lunes 13 de diciembre a las 3 p. m., cuando se inicie la sesión.
En estos 22 días, Solís debe decidir si cumple la promesa hecha al Frente Amplio de revertir el veto de Chinchilla. Si no toma ninguna decisión, solo habría una manera de evitar que el proyecto caiga en el archivo: una moción para prolongar lo que en la Asamblea Legislativa llaman “el plazo cuatrienal”. Esta, para ser aprobada, requeriría el voto de al menos 38 de los 57 diputados, casi un milagro en estos tiempos.
El presidente Solís duda de si es tan tajante ese plazo de 22 días para cumplir o no con uno de los postulados de la negociación que le permitió a Acción Ciudadana (PAC) tener la presidencia de la Asamblea este año, con el apoyo de los nueve votos del FA.
“Estamos buscando los consensos como siempre lo hemos hecho”, contestó Solís, sin dejar de caminar, tras un acto protocolario el viernes en Desamparados. “Sé que ellos cuentan con eso”, añadió sobre los frenteamplistas y su expectativa de que se revierta el veto y se aplique la reforma al Código Procesal Laboral, como la aprobaron numerosas bancadas en el 2012.
En ese entonces el PLN apoyaba la reforma y la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, la calificó como una reforma importante, pero después advirtieron las consecuencias sobre el derecho a huelga y Chinchilla lo vetó.
Ahora Sandra Piszk es diputada del PLN, miembro de la fracción de 18 congresistas que podría apoyar la extensión del plazo de este plan, para que Solís tenga más tiempo de pensarlo. Esto lo dijo Juan Luis Jiménez Succar, jefe de la bancada verdiblanca.
“Ojalá que el presidente no cometa el error histórico de abrir el camino a un Código Procesal Laboral desequilibrado, que va a ahuyentar inversionistas en esta época tan difícil”, dijo Jiménez.
El jefe de la fracción del FA, Gerardo Vargas, espera todo lo contrario: “Que el presidente ya tenga el tema resuelto. Tenemos su palabra y yo le creo”.
Solís es menos categórico. Dice que siguen “estableciendo contactos” sobre un tema que cobró importancia durante la reciente huelga en los puertos de Limón, ante la cual el Gobierno solicitó a los tribunales la ilegalidad del movimiento de protesta. Es decir, el Gobierno actuó como si estuviera de acuerdo con el veto, admitió el diputado Vargas.