Los magistrados de la Corte Plena declararon hoy que el proyecto de ley de venta del Banco de Costa Rica (BCR) afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Así lo determinaron con 18 votos a favor y dos en contra.
Los altos jueces concluyeron que el plan del gobierno de Rodrigo Chaves es “omiso” en cuanto al futuro de cuentas que hoy están bajo administración del BCR y cuya función es cumplir sentencias, como ocurre con el pago de 283.000 pensiones alimentarias y los cobros judiciales.
La mayoría de la Corte Plena estimó que la interrupción de esos servicios afectaría directamente la administración de la justicia.
Así lo señaló primero la magistrada Iris Rocío Rojas, seguida por sus compañeros Huberth Fernández, Jesús Ramírez, Maureen Solís y Damaris Vargas.
La Constitución Política establece que, para aprobar proyectos de ley apartándose del criterio del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa requiere de 38 votos.
Sin embargo, la discusión sobre la afectación de un proyecto para el funcionamiento de la Corte no se agota con lo resuelto por los magistrados. La Sala Constitucional podría tener la última palabra, en caso de una eventual consulta en el futuro de parte de los diputados.
En este caso de la venta del BCR, un informe de Servicios Técnicos de la Asamblea determinó que la iniciativa sí requiere de 38 votos, pero por tratarse de la extinción de una institución autónoma. En cambio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, considera que basta con 29 votos.
La discusión en Corte Plena
En la sesión de Corte Plena de este lunes, el magistrado Luis Guillermo Rivas presentó un primer informe de la Dirección Jurídica, el cual concluía que el proyecto no afectaba en sí el funcionamiento del Poder Judicial, pero sí tendría “implicaciones operativas”.
Aunque el magistrado Rivas informó de que ya el Banco Nacional (BN) se acercó al Poder Judicial para ofrecer sus servicios, en caso de que se concrete la subasta del Banco de Costa Rica, la magistrada Iris Rocío Rojas consideró irracional el plazo de seis meses que el texto otorgaría para hacer la transición.
“El plazo es irrazonable, por desproporcionado, no tiene de base si quiera la estadística. Sí le está poniendo funciones (al Poder Judicial) porque dice ‘está obligado en seis meses’... Es un plazo desproporcionado tomando en cuenta que el BCR es colaborador de la administración de la justicia, en términos de estos depósitos (como los de pensiones)”, señaló la magistrada.
Rojas advirtió de que, en el caso de las pensiones, el traslado de cuentas podría tener implicaciones sobre el usuario, pues actualmente la disposición de la cuenta no tiene costo, y supone que otro administrador podría cobrar por el servicio a los acreedores de las pensiones.
Los jueces agregaron que, vía convenio, el BCR también presta dos edificios a la Corte Suprema de Justicia y que, en caso de que esos bienes pasen a un comprador privado, el Poder Judicial tendría que elevar su gasto en alquileres.
Uno de esos inmuebles se ubica en San José, en el caso de unas bodegas; y el otro está en Nicoya, Guanacaste, donde se encuentran en operación algunos despachos judiciales, como los juzgados Civil y de Trabajo.
Los magistrados también mencionaron que el BCR administra títulos de valores de procesos activos, un fideicomiso inmobiliario y el fondo de emergencia del Poder Judicial.
El magistrado Fernández señaló “serias dudas sobre las conclusiones (el primer) informe”. Recordó que, desde hace décadas, los servicios que da el BCR están vinculados a la administración de la justicia. Insistió en que el proyecto de ley es “omiso” en cuanto a los plazos que tendría el Poder Judicial, en específico, para la transición.
Los recursos del Poder Judicial administrados por el BCR suman alrededor de ¢450.000 millones.
El proyecto de ley de Venta del Conglomerado Financiero del Banco de Costa Rica (BCR) fue presentado por el Gobierno al Congreso y fue sometido a consulta por parte de los diputados a los magistrados.
Según el Gobierno, la venta del BCR generaría fondos equivalentes a un 2,8% del producto interno bruto (PIB) para la amortización de deuda, de forma que se reduzca la presión sobre el Presupuesto de la República.
El expediente 23.331 está actualmente convocado por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarios del Congreso que se iniciaron el pasado 1.° de noviembre y se extienden hasta el 31 de enero.