Diputados de cinco partidos políticos presentaron un proyecto de ley para sancionar, con el despido sin responsabilidad patronal, a los funcionarios públicos que utilicen los recursos publicitarios de las instituciones del Estado para premiar o censurar a los medios de comunicación.
La iniciativa también propone inhabilitar por dos años para el ejercicio de la función pública a quien limite de esa manera la libertad de expresión.
El plan nació en el seno de la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público y lleva la firma de seis de sus nueve integrantes.
Lo rubricaron los diputados Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Rolando González y Julio Rojas, de Liberación Nacional (PLN); Jorge Arguedas, del Frente Amplio (FA); y Otto Guevara, del Movimiento Libertario.
"Hace falta una respuesta de la Asamblea Legislativa contundente y clara, censurando cualquier asunto de presión para censurar a la prensa y atentar contra la libertad de expresión. Una democracia debe ser muy celosa en la defensa de la prensa. Es un proyecto muy oportuno. Si vemos lo que está pasando en Venezuela, creo que es muy más claro y contundente: Costa Rica debe diferenciarse, debe blindarse, uno no sabe qué nos puede deparar el futuro, es mejor prevenir", dijo Redondo, quien preside esa comisión y quien es el promotor de la iniciativa.
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El proyecto no contó con las firmas de Johnny Leiva, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense; y Epsy Campbell, del PAC, quienes también forman parte de ese foro parlamentario.
El plan de ley es el resultado de una investigación que realizó la comisión, luego de que el diario La Nación denunció, el 11 de julio del 2016, que el Banco Nacional (BN) retiró su pauta publicitaria como represalia a una serie de noticias críticas sobre esa entidad financiera.
Este medio basó su denuncia en declaraciones del gerente general del BN, Juan Carlos Corrales, quien admitió que decidió retirar la pauta publicitaria, en respuesta a reportajes sobre asuntos de interés público que ocurrían en el Banco Nacional.
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En la exposición de motivos, el proyecto se fundamente en lo siguiente: "Resulta necesario y fundamental toda vez que representa una seria amenaza al derecho a la libre de expresión y comunicación de ideas, así como al derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la información de carácter público, consagrados en los artículos 29 y 30 de nuestra Constitución Política respectivamente".
"Frente a la evidente lesión de ambos derechos que se dio en este caso particular, pero también dada la reiteración de eventos de esta naturaleza, el Estado costarricense no puede permanecer impávido".
Al Nacional le molestaron las noticias que se referían a los riesgos financieros que enfrentaba el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) —del cual el BN es socio con un 49% de las acciones—, así como al intento que llevaron a cabo los directores del BN por acaparar puestos y dietas en las juntas directivas de las empresas subsidiarias, que a la postre debieron renunciar a los cargos.
También se publicó sobre la actitud asumida por el Nacional frente al caso de una directora vinculada con una empresa, cuyas cuentas cerró el Banco de Costa Rica (BCR) por movimientos sospechosos.
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Incluso, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo que presentó el directo de La Nación, Armando González, y concluyó que con la reducción paulatina de la pauta publicitaria, el Banco Nacional (BN) incurrió en un mecanismo de coacción, en una censura indirecta, en un acoso ilegítimo y en una forma perversa y antidemocrática de utilizar fondos públicos para dirigir la opinión.
Mario Redondo también dijo que solicitarán al Poder Ejecutivo convocar este proyecto durante el actual periodo de sesiones extraordinarias para aprobarlo a la brevedad posible.
Hasta el 30 de abril el Gobierno define la agenda de proyectos que se discuten en el seno del Congreso.